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Aragón

La DGA acorta los plazos administrativos para el proyecto de BonÀrea

Da el visto bueno a la declaración como inversión de interés autonómico a la instalación en Épila y a los proyectos relacionados con energías renovables.

Efe. Zaragoza Actualizada 14/02/2017 a las 14:51
Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.DGA

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la declaración como inversión de interés autonómico a la instalación de BonÀrea en Épila y a los proyectos relacionados con energías renovables, que verán en ambos casos reducidos a la mitad los plazos administrativos para su puesta en marcha.

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha explicado que la decisión tiene que ver con la necesidad de impulsar y acelerar proyectos de especial envergadura y que contribuyan al crecimiento económico y del empleo en la comunidad autónoma.

En el caso del proyecto agroalimentario de expansión nacional de la corporación Guissona, matriz de la marca BonÀrea, desde el gran centro de producción y suministro que construirá en Épila, éste supondrá una inversión de más de 400 millones de euros, más de 4.000 puestos de trabajo directos y el abastecimiento de unos 1.000 puestos de venta.

La decisión conlleva que los trámites administrativos vinculados a la ejecución y desarrollo del proyecto tendrán un impulso preferente y urgente por parte de todas las administraciones públicas aragonesas (incluidas comarcas y ayuntamientos) para reducir a la mitad los plazos ordinarios de trámite.

El proyecto de BonÀrea, ha recordado la consejera, confluye con las políticas, las medidas y objetivos estratégicos del gobierno: impulsar la logística como sector estratégico, reforzar la industria agroalimentaria y la marca 'Aragón', favorecer la vertebración del territorio y luchar contra la despoblación y fomentar el crecimiento sostenible del sector agroalimentario.

A propuesta de Marta Gastón y del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, el Gobierno de Aragón ha declarado a ambos departamentos competentes para impulsar el proyecto y la inversión declarada de interés autonómico, dado que en su tramitación y desarrollo inciden competencias fundamentalmente de los dos.

Energías renovables

En cuanto a los proyectos relacionados con energías renovables, el Consejo de Gobierno ha adoptado unos criterios interpretativos para la declaración de estos planes como inversiones de interés autonómico.

La finalidad, según Gastón, es facilitar la atracción de proyectos empresariales que permitan generar riqueza, innovación y empleo y favorezcan la cohesión territorial.

La declaración beneficiará particularmente a las zonas mineras y a aquellos proyectos adjudicados en subastas estatales y que tramita la comunidad.

Así, el acuerdo establece que serán declaradas inversiones de interés autonómico los proyectos que se desarrollen y ejecuten en las comarcas y municipios mineros de Aragón "por resultar de especial relevancia en estas zonas la generación de actividades económicas alternativas a la minería del carbón".

La declaración como inversión de interés autonómico también beneficiará a los proyectos adjudicatarios de la subasta estatal para la asignación de régimen retributivo específico a instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de tecnología eólica o de biomasa celebrada hace poco más de un año.

Así como a los que resulten adjudicatarios de futuras subastas estatales de energías renovables, siempre que sean de una potencia igual o inferior a 50 megawatios (MW), ya que su tramitación corresponde entonces a la comunidad.

La finalidad de la medida es evitar el desplazamiento de estas inversiones empresariales, sometidas al cumplimiento de unos plazos de ejecución concretos, a otras zonas del territorio español.

En la primera subasta estatal, resuelta en enero de 2016, se licitaron 700 MW, de los que 500 correspondieron a eólica y otros 200 a biomasa y está previsto que el gobierno central celebre próximamente una subasta de renovables en la que se licitarán incentivos para una potencia de hasta 3.000 MW, debiendo ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2019.

La consejera ha recordado que la energía eólica ha registrado un gran avance en Aragón con la regulación aprobada el año pasado, que permitió desbloquear los proyectos paralizados desde hacía un lustro por los conflictos judiciales que había generado la anterior normativa de 2010.

Actualmente se tramitan 118 proyectos en Aragón con una potencia total de 3.170,76 MW. 





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