Educación estudiará los efectos de la falta de presupuesto en las oposiciones de 2017

Otras comunidades han aludido a esta cuestión para justificar el retraso a 2018. Solo Aragón y Extremadura mantienen la convocatoria.

Oposiciones a maestro en Zaragoza.
Oposiciones a maestro en Zaragoza
Guillermo Mestre

Los Presupuestos Generales del Estado y su interpretación respecto a la tasa de reposición se han convertido en el tema más repetido en los departamentos de Educación de todas las comunidades autónomas. Y para esto Aragón no será una excepción. Después de que varias autonomías hayan anunciado que finalmente no harán oposiciones este 2017 por la falta de presupuestos (la última en retrasar las pruebas ha sido Navarra), el Gobierno de Aragón ha especificado que este tema se abordará próximamente en una mesa sectorial.

Sin embargo, fuentes de las consejería no han puntualizado si lo que se tratará será un posible retraso de la convocatoria o si, por el contrario, la prórroga de los presupuestos no es un impedimento para mantener el acuerdo que se alcanzó entre la Administración y la mayoría de los sindicatos. De momento, esta semana dos comunidades que tenían previsto convocar oposiciones del cuerpo de enseñanzas medias este 2017 han decidido retrasarlo todo a 2018.

Cuando el Gobierno de Aragón y todos los sindicatos firmaron un preacuerdo para la convocatoria de oposiciones en 2017, 2018 y 2019; al menos otras cuatro comunidades autónomas (en las que no hay examen de lengua propio) también estaban trabajando sobre la misma cuestión: pruebas de Secundaria o FP. Sin embargo, a principios de año, La Rioja fue la primera en dar marcha atrás. Decidió convocar las oposiciones en 2017 (para no perder las plazas), pero hacer el examen en 2018. Ante esta situación, las dudas empezaron a aflorar: movilizaciones en Extremadura, recogidas de firmas en Navarra y silencio en Castilla y León.

Esta semana, la situación ha cambiado y los respectivos gobiernos autonómicos han ido anunciando sus nuevas posiciones. El lunes la Junta de Castilla y León confirmó que este año no realizará pruebas de Secundaria ni FP. La consejería aludió a la falta de los Presupuestos Generales del Estado para justificar esta decisión. Además, indicó que para asegurar las cuestiones legales sería necesario aprobar la oferta en febrero, por lo que “ya no hay tiempo”.

Esta situación se ha repetido este viernes cuando el consejero navarro de Educación, José Luis Mendoza, ha anunciado que ellos también retrasan la convocatoria a 2018. La razón: la prórroga de las presupuestos no especifica si es solo de las partidas presupuestarias o también del articulado (donde se encuentra la tasa de reposición). Según ha indicado, si fuera solo de lo primero, la tasa de reposición sería de cero y, por lo tanto, no se podrían convocar oposiciones. Si, por el contrario, incluyera todo, la reposición sería del 100% de las jubilaciones y fallecimientos.

Estos cambios dejan a la comunidad aragonesa un poco más sola, puesto que la convocatoria de Navarra incluía varias especialidades iguales a las de Aragón (algunas en euskera pero la mayoría en español). De hecho, estaba previsto que se ofertaran plazas de Matemáticas, Economía, Instalaciones Electrotécnicas, Procedimientos sanitarios y asistenciales y Sistemas y aplicaciones informáticas. “Cada vez es más difícil que se puedan llevar cabo las oposiciones, ya que los opositores de todas las comunidades que no convocan pueden venir a Aragón con el conocido 'efecto llamada'. Además, los presupuestos generales seguramente no se empiecen a negociar hasta marzo, por lo que quedaría muy poco tiempo para hacer todos los trámites administrativos”, destacan desde STEA, el único sindicato que no firmó finalmente el acuerdo de la convocatoria aragonesa.

¿Y Extremadura?

En Extremadura, la consejera también se ha pronunciado respecto a la convocatoria. En una rueda de prensa que dio este jueves especificó que su prioridad era convocar las 145 plazas previstas en 15 especialidades diferentes (incluye vacantes en Secundaria, profesores técnicos de FP y Escuelas de Idiomas), sin embargo, matizó que “si hay una fuerza mayor a nivel nacional que obligara a tomar otra decisión, ya no dependería ni de los sindicatos ni de la Junta de Extremadura”.

Por su parte, la directora general de Personal Docente extremeña aseguró que será la Mesa Sectorial la que tendrá la última palabra a la hora de decidir sobre la convocatoria. En esta negociación se deberá decidir, entre otras cuestiones, las fechas de las pruebas. Teniendo en cuenta antecedentes como el de La Rioja, donde se han convocado en 2017, pero se ha especificado que el examen será en 2018; tampoco sería extraño que, por unas razones u otras, finalmente Extremadura optara por esta decisión. Aunque todavía se desconoce el rumbo que tendrán las negociaciones.

A tiempo para paralizar

En los últimos días, algunos interinos aragoneses han comenzado a movilizarse para lograr retrasar la fecha a 2018. De hecho, han recogido más de 2.000 firmas con este propósito. Por su parte, desde STEA consideran que, teniendo en cuenta la situación actual, esta podría acabar siendo la única solución. “Si cada vez somos menos comunidades y no hay unos presupuestos aprobados (ni autonómicos ni generales) es complicado que se pueda llevar a cabo”, explican. Asimismo, defienden que, de este modo, se podrían conseguir unas importantes ofertas de empleo en los dos años siguientes.

“Si se consiguiera eliminar la tasa de reposición tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes; en 2018 se podría llegar a las 600 plazas en vez de las más de 300 que corresponderían aproximadamente por las jubilaciones de 2016 y 2017 (en 2016 se registraron 158 vacantes, que son las que, de momento, están convocadas para 2017, y se espera que en 2017 haya un número similar de plazas)”, sostienen. No obstante, también reconocen que en caso de que no se llevaran a cabo las pruebas en 2017, se debería replantear la oferta: “Están previstas más de 20 especialidades y físicamente es imposible llevar todas a cabo el mismo año. Además, siempre se suele intentar que las que son de las mismas ramas no salgan en la misma convocatoria. Así que si se llegara a cambiar de opinión, habría que reestructurar la oferta”.

De momento, se desconoce cuál será la decisión que se tomará finalmente. Sin embargo, en la última semana tanto el Gobierno de Aragón como los diferentes sindicatos han mantenido que la mejor opción es la convocatoria de las 158 plazas en 2017 "para cumplir con el compromiso que se adquirió con los interinos".

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