La DGA expropiará los suelos de la planta de Bon Àrea antes del otoño para blindar la operación
Comenzará el proceso en primavera para asegurar las 140 hectáreas comprometidas junto a la autovía de Madrid. La empresa comprará después los terrenos por el justiprecio.
El Gobierno de Aragón expropiará todas las fincas rústicas necesarias para la implantación del macrocomplejo industrial y logístico del grupo de Bon Àrea. Así lo garantiza en el convenio de colaboración firmado el pasado viernes con la empresa, por el que se compromete a iniciar el proceso la próxima primavera y completarlo en un plazo máximo de cinco meses con el objetivo de blindar la operación y evitar que se especule con el suelo.
La compañía requiere para levantar sus instalaciones de unas 140 hectáreas repartidas en una gigantesca franja rectangular que linda con la autovía de Madrid y la carretera de acceso a Épila (la A-1305). Solo un 30% es de titularidad municipal y el resto de la propiedad está muy atomizada, en su mayor parte en manos de vecinos de la localidad.
La declaración de interés general del proyecto, cuyos trámites comenzarán la próxima semana, facultará a la Administración a autonómica a comenzar el proceso. Y podrá hacerlo ya gracias a la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA), recogida en un decreto aprobado el viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario. Las gestiones comenzarán una vez se haya definido al detalle el ámbito de la ordenación.
Fuentes oficiales de la DGA explicaron a este diario que los terrenos son rústicos de secano y carecen de valor urbanístico. Los técnicos pretenden fijar el precio por su valor de capitalización, es decir, cuantificar el mejor uso posible dentro de su calificación.
El desembolso podría rondar el millón de euros, según las primeras estimaciones, a razón de 10.000 euros por cada hectárea. Este dinero saldrá en un primer momento de las arcas autonómicas, pero la Corporación Alimentaria Guissona se los comprará por el justiprecio a la DGA. "No se regala el suelo ni se hará negocio", explicaron.
El único objetivo es dar seguridad al proyecto, de modo que se disponga rápidamente de los terrenos mediante la fórmula de la expropiación, además de transferir el riesgo a la Administración.
Las citadas fuentes de la DGA explicaron que el proyecto es público, cuenta ya con la declaración de interés autonómico para recortar los plazos y dispondrá del respaldo de la declaración de interés general, previa a la aprobación del plan propiamente dicho. Así, contará con el respaldo legal al tratarse de "un proyecto de iniciativa pública".
En el caso de los terrenos municipales necesarios para la planta de Bon Àrea, el acuerdo pasa por una permuta. El Ayuntamiento cederá el suelo a cambio de parte de la finca de 260 hectáreas de cereal que tiene la empresa en el mismo término municipal. Para hacerlo posible, la compañía se deberá comprometer con el Ayuntamiento a comprar el resto del suelo para la planta y a ejecutar la planta.
Además, la Corporación Guissona revertirá a la Administración los suelos que se expropien o adquiera directamente en el caso de que no llegue a utilizar toda la superficie prevista.
