El Tribunal de Cuentas dice que los cambios en la obra del tranvía ni se justificaron ni se controlaron

El informe definitivo del Tribunal de Cuentas destapa la falta de control que, a juicio de este órgano fiscalizador, tuvieron las obras del tranvía. El documento concluye que no hubo sobrecostes, pero también que el sistema fijado para la construcción de la línea 1 impidió un adecuado seguimiento de los trabajos por parte del Ayuntamiento. Así, las justificaciones que emitía mensualmente la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza –encargada de construir y gestionar el tranvía– impedían que el Consistorio comprobara si los trabajos realizados respondían al proyecto aprobado.

El informe fue tramitado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 26 de enero, y analiza el proyecto del tranvía desde su origen (en 2004) hasta finales de 2014, ya con la línea funcionando. El documento refleja que la información que la SEM remitía al Ayuntamiento –las conocidas como unidades de obra ejecutadas– "no tenían el carácter de certificaciones", y que de esta manera "se excluye un instrumento relevante para el seguimiento de la ejecución de las obras y el control de su adecuación al proyecto aprobado".

De hecho, durante el transcurso de los trabajos hubo cambios significativos con respecto a los planes iniciales. El proyecto contemplaba los traslados de las fuentes de la plaza de España y de la plaza de Paraíso, la modificación de las rampas del parquin de Puerta Cinegia y la construcción de una nave de servicios en las cocheras de Parque Goya, pero ninguna de estas cuatro obras se hicieron. Sin embargo, sí se incluyeron en las justificaciones que la SEM enviaba al Ayuntamiento, e incluso se valoraron en 2,3 millones de euros. Tanto la constructora como el Consistorio lo justificaron diciendo que estos trabajos se compensaron con otras obras que no estaban previstas. Estos hechos hicieron que se abriera una investigación en un juzgado de instrucción de Zaragoza, pero la causa finalmente fue archivada.

El Tribunal de Cuentas dice ahora que "el importe total" de la construcción del tranvía "fue igual al del proyecto aprobado" –es decir, que no hubo sobrecostes–, pero refleja que hubo cambios constructivos que ni se controlaron ni se justificaron. "No se han acreditado ni justificado los cambios realizados respecto del proyecto inicialmente aprobado, ni se ha delimitado su alcance ni valorado la repercusión económica que los mismos deberían haber tenido, por lo que no se ha constatado que no representen modificaciones del proyecto", dice el informe. El documento añade que esos sustanciales cambios de los trabajos "hubieran requerido de la previa aprobación municipal", algo que no ocurrió.

El análisis del Tribunal de Cuentas refleja que los importes de los tramos 3 y 4 de la obra se incrementaron en 1.666.148 y 160.533 euros, respectivamente, mientras que el coste de las cocheras de Parque Goya se minoró en 1.826.676 euros. "Ni los informes del director de obra ni de la comisión técnica, ni el acuerdo de aprobación municipal aludieron a las modificaciones realizadas, ni a a su alcance, ni a qué se debían, ni se ofreció explicación alguna sobre las mismas", dice el documento. Eso sí, añade que las variaciones "no tuvieron efectos económicos en el Ayuntamiento al ser la SEM la única responsable del contenido técnico del proyecto de construcción".

Subcontratación "sin límite"

Además, el informe explica que el sistema de subcontratación que se empleó en el tranvía "no se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)", al permitir que la SEM pudiera "subcontratar sin límite alguno con terceros" aspectos claves como la redacción del proyecto o la propia ejecución de las obras.

Por ejemplo, se hizo un contrato para el diseño y construcción de la infraestructura ferroviaria por importe de 176,5 millones (sin IVA) con FCC y Acciona, empresas que, a su vez, eran socias de la SEM. Lo mismo ocurrió con el contrato de electrificación de la línea que hizo CAF, también miembro de Los Tranvías de Zaragoza. El Tribunal de Cuentas dice que estas subcontrataciones "no se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 265 de la LCSP, que solo permitía en los contratos de gestión de servicios públicos la subcontratación de prestaciones accesorias". Además, la sociedad de economía mixta también subcontrató "la inspección del servicio", cuando esto debería ser función exclusiva del Ayuntamiento.