Al menos 13.000 hogares aragoneses se podrían beneficiar de la renta mínima

Ser mayor de edad, no tener paro y unos ingresos menores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Estos son los requisitos fundamentales para poder acceder a las nuevas prestaciones mínimas que el pleno del Congreso admitió a trámite el pasado jueves. No obstante, a pesar del importante paso dado, antes de ser aprobada esta iniciativa legislativa popular para establecer una renta mínima en España tiene que ser sometida a enmiendas parciales.

"Hemos superado el primer obstáculo, que generalmente es el más complicado. No ponemos pegas a las enmiendas que se puedan presentar, siempre que se mantenga la idea inicial", explica Manuel Pina, secretario de Acción Sindical de CC. OO. Esta propuesta partió de los sindicatos CC. OO. y UGT hace dos años, cuando recogieron por todo el país más de 700.000 firmas (unas 12.000 en Aragón) con el objetivo de presentar esta Iniciativa Legislativa Popular. Además, este jueves contó con el apoyo de todos los partidos excepto PP y Ciudadanos.

Según los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2016, al menos 13.000 hogares aragoneses se podrían beneficiar de su implantación, puesto que no tienen ningún tipo de ingreso. Cabe destacar que esta cifra podría ser incluso más elevada, dado que la ayuda también incluye a parados con algún tipo de ingreso, siempre que este no sea superior a 530,70 euros (el 75% del SMI). En el caso de que el interesado viva en una unidad familiar (cónyuge, ascendientes y descendientes de primer grado), la suma de todas las rentas de los integrantes, dividida por el número de miembros que la componen no puede superar esta cifra (con exclusión de las pagas extras).

Según las estimaciones realizadas por CC. OO. Aragón, alrededor de 40.000 personas se pueden ver beneficiadas por esta iniciativa. "Aquí tenemos en cuenta el número de gente que está en el paro sin ingresos o con cuantías menores al 75% del SMI", explica Pina. En el ámbito nacional esta renta mínima está concebida para más de 2,4 millones de personas sin recursos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros. "En la actualidad están la prestación por desempleo (hasta dos años), los subsidios (destinados a determinados colectivos) y las rentas de las Comunidades Autónomas, generalmente dirigidas a casos de pobreza extrema. El objetivo es crear una ayuda que acabe con estos huecos y asegure una cuantía mínima a todas las personas. Por ello, sería compatible con las de las comunidades, siempre que no superen el mínimo de ingresos marcado (530,70 euros mensuales)", sostiene Pina.

Aparte de los requisitos anteriormente mencionados, para acceder a esta nueva ayuda también es necesario residir legalmente en España de forma ininterrumpida durante los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud. No obstante, a esta "renta" se acogerán aquellas personas que no puedan beneficiarse de las diferentes ayudas para parados. Además, los interesados deben estar inscritos como demandantes de empleo durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

Todo ello para asegurarse unos ingresos del 80% del IPREM, o lo que es lo mismo, 426 euros mensuales; una cantidad que se mantendría hasta que los beneficiaros encuentren un empleo. El texto también especifica que la Ley de Presupuestos Generales del Estado “establecerá anualmente un complemento adicional de la prestación por cada uno de los menores u otros familiares a cargo de la persona beneficiaria”. Asimismo, los efectos económicos se producen a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.

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Para calcular la renta que tienen cada miembro de la unidad familiar, el documento votado especifica que no se tendrán en cuenta "las prestaciones familiares no contributivas, las pensiones alimenticias, de dependencia, las ayudas a favor de la infancia, las becas destinadas a compensar gastos realizados ni las de emergencia social”.

Por el contrario, es incompatible con las prestaciones de la Seguridad Social en sus modalidades contributiva y no contributivas (excepto las familiares ya nombradas), con el trabajo por cuenta ajena y con el realizado por cuenta propia, "aún cuando su realización no implique su inclusión obligatoria en la Seguridad Social". No obstante, el Gobierno podrá regular su compatibilidad con el empleo durante tres meses "en el caso de acciones dirigidas a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral".

Revisión anual

Esta ayuda lleva consigo la obligatoriedad de realizar una revisión anual para que la Seguridad Social compruebe que la situación económica del beneficiario no ha cambiado en este periodo. Concretamente, debe presentar su declaración de ingresos y rentas en los 15 días posteriores a que se cumplan los 12 meses desde que se inició el abono (en los años siguientes, se tendrá en cuenta la fecha de la última declaración). Además, el beneficiario debe realizar los cursos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o sus delegaciones autonómicas consideren oportuno con el objetivo de insertarlo laboralmente o mejorar su ocupabilidad. Si no se cumplen cualquiera de las dos cuestiones, se interrumpirá la prestación.

¿Qué ocurre con la Renta Social Básica de Aragón?

A pesar de que el Consejo de Gobierno aprobó hace un año el proyecto de ley que permitía crear la Renta Social Básica en Aragón, su tramitación y posterior implantación todavía es una incógnita. El objetivo de esta nueva regulación era sustituir a las dos prestaciones ya vigentes en la Comunidad: el Ingreso Aragonés de Inserción y la Ayuda de Integración Familiar.

Esta renta básica estará compuesta por: la Renta complementaria de los ingresos del trabajo (tiene como objetivo asegurar unos ingresos mínimos correspondientes al 80% del SMI) y la Renta de inclusión y protección social (destinada a los hogares con todos los miembros en paro, la cuantía oscilaría entre el 35 y el 60% del IPREM o entre el 70 y el 105% del SMI, en función del número de miembros). De este modo, algunos de los que acudan a esta opción (cuando se ponga en marcha), ya no tendrán derecho a la posible nueva prestación del Gobierno central, puesto que superarán el umbral del 75% del SMI.

Mientras que se tramita, en la comunidad aragonesa sigue en funcionamiento el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que durante el 2016 llegó a 24.681 personas, casi el 2% de la población aragonesa, según los datos difundidos por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, durante una visita al Banco de Alimentos de Cáritas en Monzón.