Más de 10.300 plantas de marihuana destruidas y 62 detenidos en un año de récord

La lucha de la Guardia Civil contra la producción de marihuana arrojó el pasado año cifras de récord en Aragón. Como consecuencia de una treintena de operaciones en las tres provincias, los agentes lograron destruir más de 10.300 plantas y proceder a la detención de, al menos, 62 personas vinculadas con el cultivo de esta planta prohibida.

Los datos recopilados muestran una clara tendencia al alza en los últimos años -en 2015 se arrancaron 400 plantas, con once detenidos- y muestra el auge de este tipo de actividad delictiva. Según fuentes de la Guardia Civil, la facilidad del cultivo y los alto márgenes de beneficios con su venta, lo convierten en una forma de negocio muy lucrativa.

Además, el balance del año viene marcado por una importante operación que desvió todas las estadísticas. Fue en la localidad turolense de Villarluengo, donde agentes del Instituto Armado desmantelaron la mayor plantación localizada hasta la fecha en la Comunidad, con más de 12.000 metros cuadrados y 8.000 plantas, que derivó en siete personas detenidas.

Gran plantación de marihuana desmantelada en Villarluengo (Teruel)

El perfil de los detenidos es el de un joven de entre 20 y 35 años, que cultiva sobre todo en el medio rural. Al margen de la operación de Teruel, las mayores plantaciones detectadas el año pasado se ubicaban en zonas como Garrapinillos (713 plantas), Sabiñánigo (239), Caspe (230), Castanesa (177) o Villanueva de Gállego (141).

Además de las propias plantas, en los centros de cultivo los agentes suelen encontrar producto ya preparado para su venta o en proceso de secado, que en total sumaron en 2016 más de 68 kilogramos.

Colaboración ciudadana

La planta de la marihuana permite un cultivo tanto exterior como interior, y además tiene muy fácil arraigo en casi cualquier tipo de terreno. De ahí que la detección de estas plantaciones sea la principal dificultad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que reclaman la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de actividad.

Más allá de las denuncias particulares, la Guardia Civil rastrea fincas sospechosas desde el aire gracias al helicóptero, o llega hasta el productor como consecuencia de una investigación en curso.

Una vez que los agentes han intervenido la plantación, el procedimiento habitual estipula que se envíe una muestra al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para que se analice, y para el resto se solicita una orden judicial de destrucción. O lo que es lo mismo, las plantas se queman en una incineradora, cuya ubicación no se difunde por medidas de seguridad.

Según el Código Penal, tanto el consumo en el domicilio particular (no así en la vía pública) como la venta de semillas -ya que no contienen principio activo- son legales. Es el periodo que va entre ambas acciones, el del cultivo, el que persigue la ley.