Más de 35 internos de la residencia de mayores Santa Ana de Utebo reclaman al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que solucione las deficiencias que, a su juicio, registra el centro, relacionadas sobre todo con la falta de personal o carencias en limpieza o alimentación. Su protesta incluye, además, la escasa frecuencia de transporte público e, incluso, la ausencia de línea telefónica fija. Desde la DGA aseguraron ayer que "están sobre el tema" y se va a revisar el cumplimiento del contrato por parte de la empresa gestora y, en caso de que se detecten infracciones, "se tomarían medidas".

Familiares de usuarios mantuvieron una reunión hace más de 10 días con responsables del IASS, en la que estuvieron presentes la responsable de la Comisión de Mayores de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), María Luisa García, y la primera teniente de alcalde y responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Rosa Magallón. Al encuentro acudieron Joaquín Santos y Eduardo Traid, gerente y director provincial del IASS, respectivamente. El objetivo fue "transmitirles de primera mano su honda preocupación por las condiciones de vida tanto en la residencia de Utebo como en otras públicas y concertadas de la red", explicaron desde la FABZ, que ayer repartió folletos informativos denunciando la situación en la plaza de España de Zaragoza. En esa reunión, según apuntaron desde la DGA, "se abordó el tema y se está viendo su cumplimiento".

Entre las críticas que pusieron sobre la mesa están "la falta de personal, la escasez en la variedad y cantidad de comida o la atención para la higiene diaria y cambio de pañales deficiente". La FABZ también denuncia "los registros y vaciados de las habitaciones de los residentes sin estar ellos presentes". Asimismo, la federación destaca "el aislamiento" de los usuarios, porque "a la residencia no llega el transporte público ni se propone ninguna alternativa".

La residencia Santa Ana es propiedad del IASS y está gestionada por SARquavitae por un periodo de diez años prorrogable. Fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que "el centro tiene 135 plazas y cuenta con 48 auxiliares (en total tiene 86 trabajadores)".

Desde el Ejecutivo autonómico aseguraron que no se han registrado reclamaciones por escrito por el cauce oficial. Sin embargo, en la respuesta de la consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, a una pregunta parlamentaria presentada por IU en diciembre, reconoce tener conocimiento de las quejas y consta que se han efectuado "las correspondientes recomendaciones" para subsanar los problemas. Desde el IASS emplazaron a los familiares a otra reunión en febrero. La presidenta de la Comisión de Mayores de la FABZ destacó que "a las deficiencias detectadas hay que sumar que no se encuentran a disposición de los residentes las hojas de reclamaciones del modelo oficial de la DGA, lo que dificulta el control de las quejas y, por lo tanto, su seguimiento y resolución".

La concejala de Servicios Sociales afirmó que "la situación es francamente mejorable" y "como Ayuntamiento hay que estar vigilantes". Según indicó, "hay dudas razonables de que no se está cumpliendo el pliego de condiciones". García coincidió en la necesidad de respetar el contrato y defendió que "estamos hablando de los derechos de las personas".