La Justicia ha vuelto a dar la razón a la DGA en el conflicto que mantiene con la constructora UTE Dragados-Marco Obra Pública por el que debía de ser ya un centro científico de alto rendimiento en el campus del Actur que acogiese a unos 350 investigadores de dos institutos de investigación (el ICMA y el ISQCH) que dependen, de forma mixta, del CSIC y de la Universidad de Zaragoza.

El equipamiento, que iba a ser bautizado como Ceqma (Centro de Química y Materiales de Aragón), era la solución para aglutinar a estos cerebros, que ahora están desperdigados en seis sedes diferentes entre los campus de San Francisco y Río Ebro. Se anunció también como el remedio para dignificar sus condiciones laborales y permitirles crecer y captar talento. Estos profesionales están centrados en la búsqueda y el desarrollo de materiales como el grafeno y de procesos reactivos que pueden cambiar el mundo.

El edificio, valorado en unos 16 millones de euros (con equipamiento incluido), contaba con casi siete millones de fondos Feder, y su construcción incluso se inició. En junio de 2014, se adjudicó a la UTE Dragados-Marco Obra Pública por 13,5 millones de euros, pero enseguida comenzaron las desavenencias entre el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), elegido por la DGA para estar al frente de la obra, y la constructora.

A principios de 2015, el Gobierno de Aragón rescindió el contrato con la UTE (que había paralizado los trabajos meses antes, iniciado el pilotaje, por dificultades técnicas que consideró insalvables en los términos inicialmente pactados) y, como consecuencia, se perdió la cofinanciación europea. El ITA acusó de chantaje a la constructora y se quedó con los avales, que ascendían a 558.637 euros.

La UTE acudió a los tribunales y el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zaragoza dictó ya una primera sentencia este año en la que daba la razón al ITA. La empresa recurrió y, ahora, la Audiencia Provincial vuelve a dar la razón a la DGA, con lo que solo cabe presentar recurso al Tribunal Supremo. En el auto que acaba de dictarse, se considera que la UTE "tuvo ocasión de revisar el proyecto y su posible conformidad con la singularidad geológica del suelo" y que no se puede considerar que los problemas fueran lo suficientemente importantes como para no haberlos subsanado de otra forma, "cuando además dicha resolución tan desastrosas consecuencias económicas iba a causar en su ejecución".Prioridad para el CSIC

Estas consecuencias no solo han sido gravísimas por la pérdida de los Feder, sobre todo en la precaria situación presupuestaria de Aragón. El director del ICMA, Javier Campo, insiste en que si no logran agrupar a los investigadores en los próximos años y ampliar sus instalaciones y recursos, la situación será "muy mala". "Lo que tenemos se queda pequeño y obsoleto. Llegará el momento en el que científicos formados y con una trayectoria reconocida no quieran venir porque no podamos ponerles ni un laboratorio", asegura.

Campo es consciente de que hay otras obras urgentes en Aragón actualmente, como la reforma de Filosofía y Letras, pero insiste en que la inversión en Ciencia es "vital" e independiente de la que se destina a la Educación Superior.

La coordinadora del Consejo Superior de Investigación Científicas en Aragón, María Jesús Lázaro, insiste en que este centro es actualmente una de las prioridades en infraestructuras del CSIC a nivel nacional, y que el Consejo estudia la forma de impulsarlo, aunque siempre si se hace de forma cofinanciada con la DGA y la Universidad de Zaragoza. De hecho, el CSIC ha elaborado un plan plurianual (o contrato de gestión) en el que comprometería inversión para el Ceqma. El documento ha sido ya elevado al Ministerio y está en fase de estudio y aprobación. Desde el CSIC consideran además que, al haberse descartado la responsabilidad de la DGA en la pérdida de los fondos Feder, existen opciones para volver a solicitarlos.

Por su parte, el Gobierno de Aragón admite que no se puede reservar financiación para el Ceqma en el momento actual, aunque considera que si el CSIC pudiera aportar fondos para arrancar el proyecto, habría esperanza. La DGA estudia también si sería posible reclamar daños y prejuicios a la constructora.