El Gobierno de Aragón modificó el destino de otros 64 millones de euros incluidos en los presupuestos de 2016 sin tener que pasar el control de las Cortes. Este es el importe que suman los centenares de cambios que a lo largo del ejercicio sufrieron partidas de todas las consejerías, cuya aprobación no requería el visto bueno de los grupos parlamentarios al no superar un importe unitario de 500.000 euros. Si se añaden a los expedientes que sí se tuvieron que pasar por la Cámara, el importe total asciende a más de 197 millones. Y aún faltan por añadir las modificaciones de menor importe de diciembre, que incrementará aún más la cifra a tenor de los meses precedentes y de que se trataba del cierre del ejercicio.

El mayor volumen de modificaciones se adoptó en mayo, hasta 775 que sumaban 68,7 millones, aunque el ritmo se disparó tras el cierre contable adelantado al pasado verano por el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno: en octubre fueron 25,6 millones; en noviembre, otros 32,1 y en diciembre, más de 35,1 millones solo con los cambios de calado para pagar las nóminas.

Los datos constan en el inventario oficial, donde se evidencia que los centenares de cambios de destinos de partidas afectaron a todos los departamentos. De la lista no se escapa tampoco Ciudadanía y Derechos Sociales, a pesar de que el principal mensaje del Ejecutivo de Javier Lambán era precisamente combatir los recortes sociales de su predecesora, Luisa Fernanda Rudi.

La portavoz aragonesista en la comisión de Hacienda, Elena Allué, criticó ayer abiertamente que al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se le recortaran casi diez millones respecto a los presupuestos aprobados por el bloque de la izquierda. Este dinero supone casi un 3% del montante global para un organismo que debía liderar la recuperación de derechos y garantías sociales para los ciudadanos.

Allué acusó a la coalición PSOE-CHA de actuar con "hipocresía", ya que ahora se confirma que su presupuesto para 2016 "ni era tan real ni tan social como vendía". A su juicio, los socios pretendieron "maquillar" las cuentas como sociales para ganarse el apoyo de colectivos que lo están pasando mal. "En el minuto uno después de aprobarlos empezaron a recortar. Esto es respetar poco la situación de aquellos que se encuentran en una situación de emergencia social", lamentó.

Allué sostuvo que con las modificaciones se "demuestra" que el gasto social del actual Ejecutivo no difiere tanto del que tenía la coalición PP-PAR, pese a no contar con los recursos extra gracias a la subida fiscal de 2016 y a la propia mejoría económica.

Las modificaciones dificultan aún más si cabe revalidar el apoyo de Podemos, ya que los socios de investidura de Lambán se sienten "engañados" por el incumplimiento de las enmiendas que pactaron a cambio de su voto. Este argumento lo han repetido a lo largo del ejercicio hasta convertirlo en un mantra y ahora insisten para no sentarse siquiera a negociar.

Una de las decisiones más criticadas fue el recorte de 10,5 millones de la partida de ayudas de dependencia para pagar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). Esto supuso detraer un 13,6% de los fondos para este colectivo, lo que dejó sola a la coalición PSOE-CHA.Baja ejecución en el IASS

La diputada aragonesista señaló que al recorte del gasto del IASS se suma su baja ejecución. La estadística detalla que a final de septiembre aún tenía más de un tercio de su presupuesto sin gastar. Traducido a números, 62 millones sin tocar, de los cuales 24 correspondían a las nóminas hasta fin de año. Esto supone otra baja millonaria en el gasto, añadida al recorte de casi diez millones, por lo que la cifra final sería similar a la de 2015, según Allué.