La ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Dolors Montserrat, anunció este lunes que quería “ajustar” el copago farmacéutico para los jubilados que tienen pensiones más altas, en concreto, a aquellos que cobran más de 18.000 euros. Sin embargo, unas horas después, desmintió esta información a través de su cuenta de Twitter. Una opinión que volvió a matizar este martes en un programa de televisión. Allí dijo que está dispuesta a estudiar lo que pagan los pensionistas que ingresan entre 18.000 y 100.000 euros, ya que existe una diferencia importante entre ambas cantidades. “Eso no quiere decir que se vaya a hacer”, puntualizó. 

Ante este ir y venir de opiniones, los alrededor de 337.000 usuarios afectados por el copago farmacéutico (según los datos del Gobierno de Aragón a noviembre de 2015) están pendientes de cuál es la decisión que finalmente se toma. “En el 2012 ya empezamos con el repago. Esta decisión de abonar una parte de los medicamentos no deja de ser un repago y no un copago, puesto que se supone que lo hemos ido pagando anteriormente y lo seguimos haciendo con nuestros impuestos”, recuerda Jesús Puértolas, presidente de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC. OO. Aragón.

En 2012, Sanidad puso en marcha el actual sistema de copago. Con él, los pensionistas deben abonar el 10% de sus medicamentos con un tope de dependiendo de sus ingresos: aquellos que cobran menos de 18.000 euros, desembolsan hasta 8,23 euros (a cifras de hace un año, 248.810 personas estaban en esta situación) y los que tienen una pensión de entre 18.000 y 100.000 euros, abonan hasta 18,52 euros (unas 87.000 personas). Por su parte, aquellos que cobran más de 100.000 euros tienen que pagar el 60% de sus fármacos hasta un máximo de 61,75 (alrededor de 1.200).

De este modo, más de 88.000 aragoneses se verían afectados con las modificaciones que estudia el Gobierno. “Parece obvio que la intención es incrementar el pago de los que cobran por encima de los 18.000 euros, que en el fondo son menos 1.300 euros mensuales, algo con lo que no estamos de acuerdo. En muchos casos con estas cuantías vive el matrimonio y, en estos últimos tiempos, debido a la crisis económica, también hijos y nietos”, recuerda Puértolas. Asimismo, señala que no es justo para ninguno de los tramos “ya que cada uno cobra por lo que ha cotizado y por lo que ha pagado con anterioridad”.

Puértolas también lamenta el momento en el que llega esta propuesta: “Las pensiones han subido un 0,25%, mientras que el IPC ha crecido un 1,5%. Ya estamos perdiendo poder adquisitivo y si encima tenemos que desembolsar más de medicamentos, las cuentas no salen”. Del mismo modo, recuerda que en 2012 ya se excluyeron más de 400 productos de la financiación pública, muchos de ellos, “muy utilizados por los pensionistas”. En este lote se encuentran fármacos dedicados al deterioro cognitivo asociado a la edad, al tratamiento de las vías respiratorias y la tos, la ansiedad leve y la dermatitis provocada por los pañales, entre otros.

Desde UGT también hacen especial hincapié en el poder adquisitivo de los pensionistas tras la diferencia de más de un punto entre el incremento del IPC y el de las pensiones: “Subir los copagos supone seguir recortando las pensiones de manera indirecta y la pensión mayoritaria, que está entre los 600 y los 700 euros, no puede permitirse ni siquiera el copago del 10% de tope actual”.

“Un ajuste progresivo”

Por su parte, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) solicitan al Ministerio un verdadero ajuste progresivo del copago. “A priori proceder a un ajuste por tramos de renta más definidos parece una medida sensata”, recalca. Al mismo tiempo, recuerdan que siempre han insistido en que el tramo entre 18.000 y 100.000 euros es poco progresivo y especialmente injusto con las rentas medias y bajas.

No obstante, dadas las declaraciones de la ministra, temen que “el ajuste se limite, en la práctica, a un aumento de la aportación por parte de un segmento de la población no compensado con reducciones de otros segmentos”. Desde su punto de vista, una medida de este estilo lo único que haría es “incrementar la injusticia contributiva con aquellas personas con ingresos más bajos”. 

Pensiones más bajas

Todo este debate llega en un momento en el que, por primera vez, las nuevas pensiones son inferiores a las de hace un año. Según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, aquellos aragoneses que estrenaron su jubileo en noviembre de 2016  lo hicieron con una paga media de 1.378,7 euros al mes, unos 43 euros inferior a lo que cobraban los nuevos jubilados un año antes.

Son varios los informes, grupos de expertos y sindicatos que han confirmado esta tendencia. Ejemplo de ello es que UGT y CC. OO. lamentaron que este va a ser el primer año en el que los jubilados vean "considerablemente" mermada su capacidad adquisitiva. Esta afirmación responde a que por cuarto año consecutivo el Gobierno cerró el ejercicio anunciando la subida mínima de las pensiones, mientras el IPC ha cerrado 2016 al alza y las previsiones marcan que seguirá subiendo en los próximos meses.