Las Cortes de Aragón han decidido implicarse en el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central presentó contra el veto de la DGA a la duplicidad de carreras universitarias ha personado en el procedimiento para defender la polémica medida, incluida en la ley de medidas fiscales y administrativas vinculada a los presupuestos de 2016.

Los servicios jurídicos de la Cámara ya han remitido las alegaciones "en defensa de la constitucionalidad" del inciso introducido en el artículo de la ley de acompañamiento que modifica la normativa de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

La cláusula de no duplicidad, que el Ejecutivo PSOE-CHA defiende como una manera de proteger a los campus periféricos de Huesca, Teruel y La Almunia, ya que impide la implantación en la San Jorge de titulaciones que ya se imparten en estas sedes de la Universidad de Zaragoza, fue impuesta en la programación universitaria 2016-2020, fijada mediante una orden del Departamento que dirige Pilar Alegría.

No obstante, para blindar su efectividad, durante la tramitación de la ley de medidas fiscales y administrativas de 2016, Podemos presentó una enmienda para incorporar este veto y recibió el apoyo de PSOE, CHA e IU. El letrado de las Cortes ya advirtió entonces de que esta actuación podía ser "inconstitucional", si bien la Defensora del Pueblo la avaló posteriormente.

Por su parte, la Universidad San Jorge encargó un informe a Competencia, que estudió la programación universitaria y consideró que podía no ajustarse a ley, por lo que llevó el asunto a la Audiencia Nacional, que lo admitió a trámite. Aunque aún no ha dictado sentencia definitiva, obligó a paralizar tres puntos de manera cautelar: la cláusula de no competencia y el hecho de que exista una "demanda social" y una "viabilidad económica" para solicitar nuevas titulaciones.

A finales del pasado octubre, el Consejo de Ministros aprobó acudir al Constitucional para que dirimiera y el 17 de noviembre se admitió a trámite el recurso, dejando suspendido el polémico veto, y se dio traslado al Gobierno de Aragón y a las Cortes para que pudieran personarse y hacer las alegaciones pertinentes.