La temida prórroga de los presupuestos autonómicos ya es un hecho. El Boletín Oficial de Aragón publicó ayer la orden del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, por la que a partir de mañana, 1 de enero, vuelven a estar vigentes las cuentas aprobadas para 2016. Y a diferencia de lo ocurrido hace un año, cuando el proyecto ya se estaba tramitando en las Cortes, en esta ocasión la incertidumbre es absoluta y ni siquiera hay certeza de que a lo largo de 2017 el Gobierno PSOE-CHA sea capaz de sacar adelante un nuevo presupuesto, con las graves consecuencias que ello supondría. De momento, el Ejecutivo verá muy limitado su margen de maniobra y quedan en el aire las nuevas inversiones, la dotación de las leyes de emergencia social, convenios, subvenciones...

Aragón es de las pocas comunidades donde todavía no se ha presentado un proyecto económico para el próximo ejercicio y el Ejecutivo presidido por Javier Lambán ya ha avisado de que no enviará al Parlamento autonómico un borrador mientras no esté garantizada su tramitación.

Su minoría parlamentaria le obliga a contar con los votos de Podemos, que se está haciendo de rogar mucho más que hace un año. Tras rechazar negociar con el Pignatelli sus prioridades, hace dos semanas lanzó un órdago en forma de un plan de empleo valorado en 150 millones. Pero solo ofreció su abstención a cambio de que se acepten todas sus exigencias, algo insuficiente para que las cuentas se empiecen a debatir en las Cortes.

El Gobierno trata ahora de cuadrar esas propuestas en su borrador para presentar la próxima semana un avance con sus líneas generales y el encaje de las cinco medidas reclamadas, con lo que todavía confían en lograr un giro en la posición de los de Pablo Echenique. En caso negativo, a Lambán solo le quedaría buscar apoyos en los partidos de centroderecha, pero el jefe del Ejecutivo ha insistido hasta la saciedad en que no habrá presupuestos si no los votan los grupos de la izquierda que le llevaron al Pignatelli. Ello daría lugar a una situación inédita en Aragón en las dos últimas décadas.

Lo que ya es seguro es que a partir de la próxima semana quedará limitada al máximo la acción del Gobierno. La prórroga afecta a la gestión de la propia Administración autonómica y de los organismos, empresas y entidades públicas. Se garantizan las nóminas, el gasto corriente y el pago de intereses y amortizaciones de deuda. También se salvan del bloqueo, según la orden, las partidas destinadas a las Cortes, el Justicia, la Cámara de Cuentas, las comarcas y la financiación de la enseñanza concertada. Lo mismo ocurre con los compromisos adquiridos en 2016 para programas plurianuales.

Las inversiones quedan reducidas a aquellos gastos "imprescindibles para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos". Es decir, no se podrán acometer, mientras no haya nuevos presupuestos, obras en infraestructuras proyectadas, como el hospital de Alcañiz o los colegios de Arcosur, Parque Venecia y Valdespartera 3, en el sur de Zaragoza. Igualmente quedan en suspenso compromisos adquiridos al margen de los presupuestos, como el pago del verano a los interinos.Las modificaciones, sin efecto

Esta es una de las modificaciones millonarias que el Gobierno ha tenido que hacer –como novedad este año debía contar con el visto bueno de las Cortes– para subsanar la infradotación de las partidas de personal, revertir parte del tijeretazo que dio a las comarcas o destinar más fondos a la justicia gratuita y al Ingreso Aragonés de Inserción. Ahora se vuelve a la casilla de salida, es decir, a las partidas contenidas en el presupuesto inicial, lo que podría obligar a volver a tramitar modificaciones similares si la situación de bloqueo se alarga.

También peligra el desarrollo de las leyes de pobreza energética y emergencia social recientemente aprobadas, por lo que no aparecían en el documento económico de 2016. En total, unos 115 millones de gasto social quedan en el aire con este escenario. Los convenios sectoriales y la subvenciones de un solo año están también en cuestión.

Por otra parte, Fernando Gimeno se reserva la posibilidad de bloquear partidas para cumplir el déficit, como ha hecho este año con 90 millones. Casi la mitad de esa cantidad se pactó con el Ministerio de Hacienda dentro del plan de ajuste por incumplir el objetivo de 2015, y el consejero ya ha asumido que 2016 se cerrará con un desfase superior al permitido. De momento, la DGA no prevé ningún bloqueo a corto plazo.