La DGA hará un requerimiento "inminente" a Santisteve para que colabore en el cobro del ICA

La paciencia del Gobierno de Aragón ante la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a facilitar los datos para que los vecinos de la capital paguen el Impuesto sobre la Contaminación de las Agua (ICA) está llegando al límite. El Ejecutivo avisó ayer de que, si el Consistorio no colabora, el envío de un requerimiento formal es "inminente", ya que los zaragozanos deberían haber empezado a abonar el polémico tributo a comienzos de este año y todavía no les ha llegado ni un recibo.

El detonante para este anuncio fue el informe jurídico que el Gobierno de ZEC acaba de encargar para dilucidar si el Ayuntamiento puede ceder el censo a la DGA para que cobre este polémico impuesto a los zaragozanos. "Tenemos dudas jurídicas de que se pueda hacer una cesión de datos", justificó la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, quien añadió que se ha trasladado al Ejecutivo de Lambán que "el padrón no está preparado para sus planteamientos técnicos".

Pero para el aInstituto Aragonés del Agua, estos argumentos suenan a "excusas de mal pagador". Su directora, Inés Torralba, recordó ante las palabras de la edil que "es responsabilidad" del alcalde, Pedro Santisteve, y de su equipo de Gobierno "cumplir con las leyes vigentes" y proporcionar a la Administración autonómica la información que necesita para gestionar este impuesto. Lo mismo ocurre, subrayó, cuando el Ministerio de Hacienda traslada al Ayuntamiento los datos catastrales para que pueda cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Torralba también rebatió los problemas técnicos que alega ZEC, puesto que funcionarios de ambas administraciones ya comprobaron hace meses que el intercambio de ficheros –que en el caso del Consistorio zaragozano resultaba muy complejo por el gran volumen de datos– "funciona a la perfección".

Santisteve y su equipo siempre se han mostrado muy críticos con este impuesto, al considerar que se trata de un "repago" y los zaragozanos deberían estar exentos puesto que el Consistorio afrontó en su día en solitario su sistema de depuración, que sigue gestionando. Artigas recordó ayer que la ciudad ha invertido "más de 300 millones en los últimos 30 años". Pero la moratoria de la DGA concluyó en 2015, aunque este año los vecinos de la capital disfrutaban de una bonificación del 70% en un tributo que supondría unos 30 euros anuales por hogar.Intercambio con el tranvía

De no facilitar los datos, el Ayuntamiento cometería una infracción administrativa, según se recoge en la Ley de Aguas y Ríos de Aragón. No obstante, el Gobierno de Lambán evita de momento hablar de sanciones, a la espera de intentar cerrar un acuerdo. La intención de la DGA es un pacto global, en el que entren la entrega de los datos para cobrar el tributo del agua y otros asuntos, como por ejemplo la deuda autonómica por el tranvía. Artigas también insistió en negociar "para tratar de lograr la mejor solución para los zaragozanos".

Mientras el resto de municipios aragoneses han cumplido con su obligación –incluidos los que todavía carecen de depuradora de aguas residuales–, la capital aragonesa presentó un recurso de inconstitucionalidad contra este impuesto, que ha sido admitido a trámite.