Casi 60 municipios ya han delegado en la DGA parte de su competencia urbanística
Otros 18 ayuntamientos podrían sumarse a esta opción, que incluye las inspecciones en casos graves. Desde el pasado abril se han realizado 18 visitas técnicas que podrían derivar en cinco expedientes.
El Gobierno de Aragón asume ya la competencia en materia de disciplina urbanística de 57 municipios. Una cifra que ascenderá a 75 cuando se aprueben en Consejo de Gobierno los acuerdos plenarios tomados por los ayuntamientos para delegar esta facultad, siempre y cuando se trate de infracciones graves y muy graves.
Desde abril, se han mantenido encuentros con representantes de los ayuntamientos de 44 localidades y los técnicos de la Dirección General de Urbanismo han llevado a cabo inspecciones técnicas en 18 términos municipales. En cuatro localidades (Villafeliche, Litago, Cariñena y Albarracín) se han detectado unas actuaciones que, "con toda probabilidad", según fuentes del Ejecutivo autonómico, conllevarán la apertura de cinco expedientes disciplinarios por construir naves o viviendas industriales en suelo no urbanizable sin licencia municipal ni autorización administrativa de ningún otro tipo. Hay, además, otros ocho casos que podrían derivar también en el inicio de un procedimiento sancionador.
El director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, mostró su satisfacción por el elevado número de localidades que han delegado sus competencias y apuntó que esta tendencia continuará el próximo año. Tal y como recordó, hasta 2009 la inspección y disciplina en materia de urbanismo era una competencia básicamente municipal, aunque la DGA podía intervenir si el ayuntamiento no cumplía con su obligación. Sin embargo, en 2013 una modificación de la Ley de Urbanismo anuló esta posibilidad, excepto en casos excepcionales.
En septiembre de 2015 se comprobó la existencia de medio centenar de expedientes disciplinarios, la mayor parte incoados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, "que estaban pendientes de resolución y que no admitían otro acuerdo que el de archivo, sin más, por cuanto la Ley de Urbanismo no permitía intervenir a la Comunidad Autónoma".
Esa fue la resolución que se trasladó a las partes "no sin cierto sonrojo por nuestra falta de competencias", argumentó Bosque.
La situación, sin embargo, cambió con una disposición adicional que recogió la Ley 2/2016 de medidas fiscales y administrativas de Aragón, que posibilitaba a los municipios delegar las competencias en materia de inspección y disciplina a favor del Gobierno de Aragón, salvo las que están calificadas como infracciones leves. En un primer momento se establecía que podrían acogerse a esta opción todos aquellos pueblos de menos de 2.000 habitantes, un límite que, en el trámite parlamentario, aumentó hasta los 5.000. Es decir, esta delegación está abierta a 708 localidades de las 731 que hay en Aragón.
El objetivo que persigue esta medida, según subrayó el director general, es ofrecer una herramienta a los municipios que "carecen de la adecuada estructura y capacidad administrativa, técnica y jurídica para resolver este tipo de expedientes". Al mismo tiempo, consideró que "es excesivo exigir a los alcaldes de estos pueblos que se conviertan en instructores y acuerden fuertes sanciones y órdenes de derribo que afectan a infractores con los que mantienen una convivencia absolutamente próxima y cotidiana, cuando no lazos de parentesco". En enero se dio a conocer esta delegación a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) en una reunión a la que asistieron todos los presidentes comarcales, que después trasladaron a los representantes municipales. El Departamento de Vertebración del Territorio propuso, y así se acordó, que los importes de las sanciones se ingresaran en las arcas del ayuntamiento en cuya área se hubiera cometido la infracción.
En noviembre, la DGA informó al Seprona y a la policía judicial de los cambios competenciales, con la intención de "impulsar los mecanismos de colaboración necesaria para una mayor eficacia en esta gestión, incluida la comunicación y actualización permanente de datos en los dos sentidos"."No teníamos capacidad"
El alcalde de Albarracín (población que ha delegado estas competencias), Francisco Martí, destacó que el Ayuntamiento tomó esta decisión porque no tiene "capacidad para hacer frente a la disciplina urbanística".
Este municipio turolense, en el que se han detectado dos posibles infracciones, acordó esta decisión en el pleno del pasado mes de junio. Para Martín, "es importante que los expedientes por estos incumplimientos se tramiten hasta el final y se haga respetar la ley, de manera que además de las sanciones que se impongan se pueda regularizar la situación".
El último ayuntamiento que ha expresado su deseo de delegar estas competencias es el de Cosuenda, en Zaragoza, con poco más de 400 habitantes. Su primer edil, Óscar Lorente, coincidió en que "no tenemos ni personal técnico ni medios adecuados para hacernos cargo de la competencia de disciplina urbanística".
El director general de Urbanismo añadió que "la prioridad de las actuaciones por parte del departamento no está tanto en la acción disciplinaria sino en la generación de una cultura de respeto a la legalidad urbanística, mediante el conocimiento de que existe una estructura administrativa cuyo objeto es evitar nuevas infracciones graves o muy graves".
