El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Podemos, enmendada por un texto conjunto presentado por PSOE y CHA, que pide la creación de la figura del bombero profesional, valorando, entre otras materias, los costes salariales y aquellas cuestiones de ámbito técnico y jurídico.

Para eso, insta al Ejecutivo autonómico a realizar las actuaciones necesarias directamente o cursando las oportunas instrucciones a la empresa Sarga, incluida la negociación con los representantes de los trabajadores y que en el primer trimestre de 2017 remita a las Cortes de Aragón los informes con los que cuenta para informar sobre la posibilidad de materialización de dicha iniciativa.

Además, las Cortes piden al Gobierno de Aragón que se dirija al de España para que realice actuaciones directamente o cursando las oportunas instrucciones a la empresa TRAGSA, incluida la negociación con los trabajadores de las Brigadas de Refuerzo Contra Incendios forestales (BRIF), para su reconocimiento, igualmente, como bomberos forestales.

El Parlamento aragonés se ha pronunciado de esta forma ante "la esencial labor que desarrolla el personal integrante del operativo de prevención y extinción de incendios forestales contratado por la empresa pública Sarga y la necesidad de reforzar la cualificación profesional de ese colectivo".

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha explicado que esta iniciativa pretendía salvar la "amnesia" de quienes "tras estar en la oposición pasan a gobernar", después de que las Cortes aprobaran un texto similar presentado por CHA en 2014, para advertir de la "precariedad laboral" de este colectivo profesional que depende de una empresa pública como Sarga.

Ha añadido que estas personas están contratadas como peones forestales y de la caza, algo que "no se ajusta al trabajo real", cuando la categoría de bombero profesional está reconocida a nivel estatal y ha sido creada ya en algunas Comunidades autónomas. CAMBIOS

El diputado del PP, Fernando González, ha recordado que ya apoyaron en 2014 esta propuesta y ha lamentado que si el PSOE "hace dos años tenía soluciones rápidas, mágicas, maravillosas e inmediatas" ahora no lo ve igual.

Ha agregado que se aceptó una enmienda de 1,8 millones de euros de Podemos para gestión forestal en el Presupuesto de 2016, que el PP también apoyó, pero ha criticado que "a los trabajadores les ha llegado de forma testimonial".

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha sostenido que esta cuestión es "compleja", con implicaciones técnicas, jurídicas y de carácter competencial por lo que su grupo ha presentado una enmienda con CHA para que el Gobierno de Aragón aporte los informes que posee sobre esta cuestión, respecto a la que hay "voluntad política, compromiso y transparencia".

La diputada del Partido Aragonés, Lucía Guillén, ha alegado que estos profesionales están contratados con una categoría que "no se ajusta al trabajo real, a lo que se suma la precariedad laboral, con unos periodos de contratación cortos, escasez de medios y bajas cotizaciones", para estimar que esta cuestión debe ser también "fruto de una negociación y consenso entre los trabajadores y la empresa" y "tendrá unos costes".

El parlamentario de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, ha recordado que se está pidiendo "que se cumpla ley", también la ley de Montes de Aragón en lo que a meses de contratación y cotización a la Seguridad Social se refiere, algo que hará necesario que "en los próximos Presupuestos haya una partida" que lo contemple y por eso ha instado a Podemos "a pactar" porque "son la llave de este Gobierno" y "no ser cínicos".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha remarcado que este colectivo siempre ha sido na "preocupación u ocupación" de su partido y "nosotros nos mojamos y entramos a Gobernar", para añadir que con esta iniciativa "ya sabemos cuánto dinero" quiere destinar Podemos a esta cuestión, "nos falta saber cuánto quieren destinar al resto".

La parlamentaria de IU, Patricia Luquin, ha argumentado que el "reconocimiento" de este colectivo "se tiene que hacer con medidas encima de la mesa", como reconocer la categoría profesional, como ya está ocurriendo en otras Comunidades, y cumpliendo la ley en cuanto a meses de contratación y cotización al cien por cien.