CSIF y UGT están a un paso de llevar al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a los tribunales por incumplir el acuerdo que ambos sindicatos firmaron hace un año para cobrar este 2016 el 75% que entonces se les adeudaba a los funcionarios de la extra de Navidad de 2012, suprimida por el Gobierno central. Finalmente solo han recuperado un 25% de la cantidad pendiente (otro tanto lo abonó el Gobierno de Rudi antes de las elecciones de 2015). Pero además, tampoco está nada claro que la DGA vaya a saldar en 2017 su deuda con los alrededor de 50.000 empleados públicos de la Administración autonómica. El pasado lunes, Gimeno aseguró en las Cortes que la cobrarán el año que viene "si hay suerte", lo que ha incrementado aún más si cabe el malestar de los sindicatos.

Los únicos dos sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación que cerraron un compromiso con la DGA presentaron un recurso de alzada a finales de octubre, tras constatar el incumplimiento del pacto, según el cual se debía acabar de pagar la extra en septiembre. "Si no contestan, iremos al contencioso porque no tiene sentido romper el acuerdo unilateralmente", afirmó Alicia Hernández, de UGT.

Para Pablo Asín, de CSIF, coincidió en que el Gobierno de Lambán ya no tiene para los sindicatos de la función pública "ninguna credibilidad", ya que "se está caracterizando por sus incumplimientos y por su absoluto desprecio a los empleados de la Administración". Por eso, reconoció que ya no le sorprende que Gimeno lo fíe todo a la suerte. "Seguiremos reclamando la extra y no descartamos ninguna posibilidad", advirtió, aunque quieren esperar a ver qué pasa con los presupuestos para decidir qué nuevas acciones emprenden.

"La suerte no está regulada en la función pública", aseveró Francisco José González, de Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en la Mesa, que no se ha convocado desde el 15 de julio, denunció. Recordó que están pendientes de la sentencia por el recurso que interpusieron en los juzgados para exigir a Gimeno que dé explicaciones a los sindicatos sobre el incumplimiento de la extra y anunció que ellos no dejarán la resolución de este asunto "al azar". Por un lado, pondrán en marcha una campaña informativa en los centros de trabajo y, por otro, una vez que se presente el borrador de presupuestos, contactarán con los grupos parlamentarios para que presenten enmiendas con la partida de entre 35 y 40 millones necesaria para saldar la deuda.

Por su parte, Lorenzo Arracó, de Cemsatse, consideró que la s "vuelve a escudarse en Madrid para no hacer lo que no quiere hacer". "Falta voluntad y valentía política", reprochó.