Las Cortes instan a la DGA a investigar los casos de bebés robados

Las Cortes de Aragón han lanzado un mensaje unánime de apoyo, solidaridad y ayuda a las víctimas de los casos de bebés robados entre los años 40 y 90 del siglo XX en España, y han instado al gobierno a investigarlos con el objetivo no de buscar culpables, sino de encontrar la verdad y restañar heridas.

Chunta Aragonesista firma la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Pleno del Parlamento y con la que se insta al ejecutivo aragonés a emprender todas aquellas medidas necesarias para impulsar "de verdad" una investigación efectiva y real de todos los casos, "sin que el acceso a la justicia, digna y reparatoria, de todas las víctimas se vea indebidamente impedida".

Entre estas medidas, las necesarias para garantizar el acceso de las víctimas y responsables de la investigación a los archivos eclesiásticos y de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas infantiles encaminadas a la compraventa de seres humanos.

Las Cortes dejan claro en su iniciativa que tan víctimas son los menores robados y después vendidos como sus padres, hermanos y demás familiares y que por tanto todas ellas tienen por igual el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en todas las formas reconocidas por las Naciones Unidas.

También se insta al Gobierno de Aragón a desarrollar los mecanismos oportunos que permitan, dentro de las garantías constitucionales y legales establecidas, agilizar la práctica de las pruebas de ADN y la creación de un banco público aragonés de ADN.

Por otro lado, se pide al ejecutivo que inste al Gobierno de España la creación de una comisión por el derecho a la identidad con la participación de las asociaciones de afectados.

Gregorio Briz, de CHA, que ha defendido la propuesta, ha apuntado que podría haber 300.000 víctimas de esta trama organizada en todo el país.

También ha lamentado que las administraciones no hayan prestado tradicionalmente a las familias el apoyo necesario, y que han sido éstas, con su constancia, las que han llevado a cabo las actuaciones necesarias para esclarecer la verdad.

Todos los portavoces se han mostrado especialmente receptivos con este asunto, que para la socialista Isabel García fue ejecutada por una trama "perfectamente organizada" con el beneplácito de las instituciones franquistas, que aprobaban leyes de adopción que dejaban libre el camino a los ladrones de bebés.

A su juicio, conocer la verdad "nada tiene que ver con la venganza" o con reabrir heridas, sino con cerrarlas, algo que solo se logrará cuando estos niños localicen y conozcan a sus familias, y viceversa.

Marian Orós, del PP, también ha insistido en que es obligación de las instituciones poner todos los recursos posibles para esclarecer los hechos, y que los autores de estos crímenes "paguen por ellos", pero a la vez ha asegurado que no es verdad que el gobierno del PP no hiciera nada al respecto, por lo que ha pedido que no se utilice la demagogia con este asunto.

La diputada de Podemos Marta Prades, por su parte, ha recordado que en esta trama delictiva de tráfico de seres humanos participaban "médicos, enfermeras y monjitas", con el beneplácito del régimen franquista, con el objetivo de "erradicar el gen rojo" de las mujeres republicanas, en un principio, y para lucrarse después.

Elena Allué, del PAR, ha lamentado que "nadie", ni las instituciones estatales, ni las europeas, ni siquiera la ONU, apoye a estas víctimas en este "acto de justicia" que supone la recuperación de la verdadera identidad.

Y por Ciudadanos, Desirée Pescador, ha enfatizado que en este caso el Estado no ha ejercido su labor protectora con sus ciudadanos y ha respondido a estas víctimas "con silencio", pero ahora es necesario, ha dicho, remover los obstáculos y permitir que estos hechos no queden impunes.