Las Cortes impiden las puertas giratorias para altos cargos de la DGA durante 2 años

Ningún alto cargo de la DGA ni del sector público autonómico podrá recibir ningún tipo de remuneración, directamente o a través de sociedades, durante los dos años siguientes a dejar su puesto por parte de compañías sobre las que hayan intervenido. Este es el veto a las puertas giratorias que, a propuesta de Podemos, acordaron ayer todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. La limitación ya estaba recogida en el proyecto de ley de Integridad y Ética Pública, aunque en el texto solo citaba la prohibición de actividades privadas, sin recoger expresamente la remuneración económica.

Los ex altos cargos y exdirectivos de organismos autonómicos sí podrán recibir una "compensación económica mensual" durante los dos años que se alargue la incompatibilidad, tal y como plantea la norma registrada por el Gobierno PSOE-CHA. La diputada de IU Patricia Luquin pretendía reducir esa percepción a un periodo máximo de un año, pero el resto de partidos han rechazado su enmienda.

El reconocimiento de la incompatibilidad deberá ser "apreciada motivadamente" por el órgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades, tal y como establece el proyecto de ley. Eso sí, la agencia de integridad –que rechazan PP y PAR– que se creará tras la aprobación de esta norma deberá emitir un informe vinculante.

En todo caso, la percepción de la compensación económica será incompatible con cualquier otra, "pública o privada". Y se supervisará que durante el tiempo que se cobre se mantengan las condiciones que motivaron su reconocimiento.

La incompatibilidad no afectará a aquellos que con previamente a su paso por la DGA o por su sector público se reincorporen a las empresas en las que ejercían con antelación, siempre y cuando su puesto no esté directamente relacionado con las competencias ejercidas en su etapa pública. Tampoco podrán adoptar decisiones "que afecten al cargo ocupado".

Incompatibilidades

Dentro del capítulo de conflictos de intereses e incompatibilidades también se ha aceptado una enmienda de Ciudadanos para impedir que los miembros de la DGA puedan ejercer al mismo tiempo como senadores autonómicos, tal y como recogía el proyecto de ley. De este modo, solo podrán compatibilizar su cargo en el Gobierno con el de diputado de las Cortes de Aragón, como en la actualidad.

La transparencia de los máximos responsables de la Administración y de sus empresas públicas estará garantizada gracias a dos enmiendas del PP, que salieron con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Tras la aprobación de la ley en el próximo periodo de sesiones, altos cargos y ejecutivos tendrán que publicar sus rentas y bienes. La pretensión del Ejecutivo era que el registro de bienes tuviera carácter reservado, de modo que solo fuera accesible, además de para los propios interesados, para la DGA, las Cortes y la Fiscalía cuando realizara investigaciones.

Lucha contra la corrupción

La ponencia parlamentaria también abordó ayer otra de las cuestiones básicas del proyecto de ley de Integridad y Ética Pública, la relativa al estatuto del denunciante. Una transacción del PSOE a una enmienda de Podemos supondrá la creación de una oficina virtual que garantizará a cualquier ciudadano denunciar "de forma segura y confidencial" cualquier caso de presunta corrupción, además de cualquier tipo de represalia asociada por su actuación.

La iniciativa salió adelante con los votos de la izquierda, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de PP y PAR. Ambos grupos están en contra de que una agencia anticorrupción controle este tipo de cuestiones y defienden la puesta en marcha de una oficina específica para garantizar la máxima protección a los denunciantes de la corrupción.

Lo que quedó aparcado fue lo relativo a la creación de un fondo para cubrir los hipotéticos gastos a los que tenga que hacer frente un denunciante, propuesto por PP, Podemos, Ciudadanos y PAR. El objetivo es consensuar un único texto.