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Aragón

Unos 7.000 aragoneses han solicitado este año la dependencia, 1.841 más que en 2015

Noviembre acabó con 20.408 beneficiarios, 3.750 más que al inicio de la legislatura.

La ley de la dependencia beneficia especialmente a los mayores.
La ley de la dependencia beneficia especialmente a los mayores. ha
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Unos 7.000 aragoneses han solicitado en lo que va de año la dependencia, lo que supone 1.841 más que en el mismo periodo de 2015. Los expertos achacan el incremento a que se ha reactivado la concesión de esta ayuda, que disfrutan en estos momentos más de 20.000 personas, 3.750 extra que al inicio de la legislatura. El tiempo medio de resolución también se ha reducido, aunque la provincia de Zaragoza todavía se encuentra próxima a los dos años.

Después de varios ejercicios al ralentí, el Ejecutivo PSOE-CHA ha impulsado la ley de la dependencia. Al menos, así lo demuestran las cifras oficiales que mensualmente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) traslada al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En concreto, según el avance de los datos correspondientes al mes de noviembre, 20.408 personas disfrutan de alguno de los tipos de prestación que ofrece la normativa, bien la vinculada a un servicio o a una ayuda económica. Esto supone 260 beneficiarios más que en octubre. Por lo tanto, se sigue así con la tendencia al alza emprendida desde hace más de un año.

La asignatura pendiente, no obstante, continúa siendo la demora que acumula la tramitación de la dependencia: desde que una persona solicita la ayuda hasta que la recibe. Los expertos critican duramente el número de personas que a pesar de tener concedida la ayuda no la cobran, lo que se conoce como estar en el "limbo de la dependencia". Aunque se ha mejorado, todavía son alrededor de 13.000 aragoneses los que se encuentran en esta situación. "Este mes confiamos en bajar esa barrera", adelantó el gerente del IASS, Joaquín Santos, que aunque reconoció que los tiempos han mejorado sustancialmente en Huesca y en Teruel, el mayor "atasco" se encuentra en Zaragoza con una demora de dos años. "Aunque al ritmo que llevamos, podremos mejorar pronto este tiempo", añadió. No obstante, supeditó esta tendencia positiva a que se apruebe el presupuesto.

La ley de la dependencia cumple en 2016 diez años de vida con la necesidad de analizar sus resultados. Algunos colectivos sociales han pedido una revisión de la normativa. Una de las cuestiones que ya se ha modificado es el tipo de prestaciones que se otorgan. Durante los primeros años de vigencia de la ley, la mayor parte de ayudas fueron económicas y apenas se concedieron aquellas vinculadas a un servicio (plazas de residencia, centros de día, teleasistencia, ayuda a domicilio...). Así, en la anterior legislatura, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció que premiaría económicamente a aquellas comunidades que dieran la vuelta a esta tendencia y concedieran más prestaciones vinculadas al servicio. A partir de ahí, Aragón se puso las pilas y, año a año, ha intentado dar más ayudas de este tipo.Aumentan los servicios

Aragón lleva meses trabajando en ese sentido. El Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales puso en marcha hace unas semanas el Programa de Promoción de la Autonomía Personal en 18 hogares de mayores de la Comunidad. El objetivo es ofrecer algunas actividades, como fisioterapia o terapia ocupacional a dependientes de grado más leve o moderado (I). De momento, según explicó Santos, a esta nueva prestación se han sumado 173 personas y 128 más la han solicitado. "Estamos viendo cómo funciona y lo iremos adaptando según las necesidades que tengamos", puntualizó el gerente del IASS. Además, Santos destacó que se han empezado a incrementar las concesiones de teleasistencia, ya que el número de estas prestaciones estaba atascado. Ya disfrutan de esta ayuda 112 personas.

Otra cuestión que se tendrá que debatir en el próximo consejo interterritorial de Servicios Sociales, al que acuden representantes de todas las comunidades, es la financiación de esta ley. La normativa establece que tiene que sufragarse al 50% entre los ejecutivos autonómicos y el central. Sin embargo, esta proporción no ha llegado a cumplirse y el desembolso siempre ha sido mayor por parte de las regiones. De hecho, de los 188 millones que Aragón destinó a pagar la dependencia el año pasado, el Ministerio solo le pagó 32 (un 16,48%).

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