Chunta Aragonesista ha presentado una iniciativa en las Cortes de Aragón para instar al gobierno a iniciar una investigación real y efectiva sobre el caso de los bebés robados en la comunidad autónoma.

Los motivos los especifica CHA en la exposición de motivos de la iniciativa que llevará al Pleno de las Cortes, en la que recuerda que entre 1940 y 1990 se produjeron en España miles de "robos organizados" de recién nacidos, en una trama en la que estuvieron presuntamente involucrados médicos, matronas, funcionarios del Estado y representantes de la Iglesia Católica.

Las personas afectadas podrían ser de cerca de 300.000 en todo el Estado.

El proceso por el que se entregaban recién nacidos a otras familias de manera ilegal y con la correspondiente compensación económica comenzaba en las propias maternidades en las que se informaba a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto.

Los implicados llegaban incluso a organizar "falsos entierros", descubiertos cuando, años después, se han inhumado los cuerpos y se ha descubierto que no había restos mortales en los nichos.

Desde CHA indican que con el tiempo, las familias afectadas, sin contar con el apoyo necesario de las administraciones públicas, han descubierto la falsedad de los certificados de defunción o que sus padres y madres no son sus auténticos progenitores, bien al someterse a pruebas de ADN, o bien al descubrir "facturas falsas" del hospital.

En su iniciativa, CHA pide que las Cortes manifiesten su solidaridad y apoyo con todas las víctimas de la trama y con quienes buscan su origen biológico y que se reconozca que víctimas son tanto los menores comprados o entregados como sus familias biológicas, y que por tanto todos ellos tienen "derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación".

Pero además, la sociedad tiene derecho a "conocer la verdad en su dimensión colectiva y como forma de evitar que tales hechos aberrantes vuelvan a repetirse".

Al ejecutivo aragonés le instan a adoptar las medidas necesarias para impulsar de verdad una investigación efectiva y real de todos los casos, sin que el acceso a la justicia digna y reparatoria de todas las víctimas se vea indebidamente impedida.

Se les deberá garantizar el acceso a los archivos eclesiásticos y de las clínicas donde se realizaron las desapariciones forzadas y se impulsarán las pruebas necesarias de ADN, dentro de las garantías constitucionales y legales establecidas.

Finalmente, se solicita al Gobierno de España que cree una "Comisión Española por el Derecho a la Identidad" que investigue las desapariciones infantiles en todo el Estado.