El Gobierno de Aragón homologará por ley los sueldos del sector público a los de la Administración. Esto se traducirá en una rebaja de las retribuciones de la plantilla de las empresas y entidades de derecho público que superan las del personal de igual o similar categoría en la función pública.

Para evitar una cascada de demandas legales, el Ejecutivo autonómico plantea congelar la retribución a los 105 trabajadores y directivos que ahora cobran más hasta que se iguale a la de sus análogos de la Administración. Jurídicamente, la solución pasa por equiparar los sueldos, pero aplicando a los afectados un "complemento transitorio absorbible" para garantizarles que perciban lo mismo que ahora. En el momento en que abandonen el puesto que ocupan, desaparecerá dicho complemento para los que se incorporen.

Esta es la base del proyecto de ley al que el Consejo de Gobierno dio ayer su visto bueno, aunque ahora deberá remitirse a las Cortes para su tramitación y podrá sufrir modificaciones.

El Ejecutivo PSOE-CHA revisó todas las nóminas del sector público antes de acometer la homologación salarial y descubrió que el porcentaje de personal laboral y directivo que supera a los de su categoría en la Administración es residual. Concretamente, un 7,3% de la plantilla de todas las empresas públicas y entidades de derecho público de la DGA.Las mismas tablas retributivas

La nueva escala salarial de los empleados del sector público establecerá como tope máximo las mismas tablas retributivas de la Administración, equiparando su clasificación profesional por grupos y categorías. En este caso, la medida solo afectará a 74 personas, aunque fuentes oficiales de la DGAaseguraron que las diferencias económicas son mínimas.

Para el cuadro directivo, se pretende equipar su salario al de un alto funcionario, el nivel 30 con complemento B, el máximo de la escala profesional de la DGA. Esto supone unos ingresos anuales en torno a los 50.000 euros. En la actualidad, 21 directivos cobran más, de los cuales nueve pertenecen a la sociedad Expo Zaragoza Empresarial. Le sigue la propia Corporación Empresarial Pública con cuatro, tres de Sarga y otros tantos de Suelo y Vivienda de Aragón. La lista se completa con sendos responsables de Avalia y Turismo de Aragón.

En el caso de los máximos ejecutivos, la DGA ha optado por establecer para ellos la misma retribución que la de sus directores generales: 64.102 euros. Este listón salarial solo lo superan en la actualidad 10 de los 26 responsables: Ciudad del Motor, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Televisión, Avalia, Corporación Empresarial, Expo, Suelo y Vivienda, Aragón Exterior, Instituto Aragonés de Fomento y Sarga. La horquilla económica va de los 64.607 euros (tan solo 505 euros anuales de diferencia) y los 115.631 euros (51.529 euros más).

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, recordó que la homologación salarial del sector público ya estaba recogida en la Ley de Presupuestos de este año, aunque el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Estado impidió aplicarlo el pasado verano como se había fijado. Además, señaló que esta medida ya estaba prevista en la normativa aragonesa desde 2001 y que con el nuevo proyecto de ley se pretende hacer efectiva.Acuerdo con el Estado

El Ejecutivo autonómico esperó hasta ayer para darle trámite al texto normativo por una cuestión de "lealtad institucional": quería hacerlo coincidir con la publicación del acuerdo de la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado por el que se retiraba el recurso de inconstitucionalidad. A cambio, la DGA se compromete a que dicha homologación no implique superar el límite de masa salarial, algo que estaba asegurado por el propio objetivo de la ley de Presupuestos.

A juicio del Ejecutivo aragonés, el proyecto de ley establece "criterios claros, uniformes y objetivos" que permiten sistematizar la política de personal de dichas entidades, "abarcando no solo la homologación salarial, sino la racionalización de sus estructuras retributivas y su clasificación profesional".

El consejero de Presidencia consideró que en la actualidad hay una ausencia de una regulación formal de muchos de los complementos que se abonan "por la desigualdad interna en el seno de los propios entes en cuanto a retribuciones y sus cuantías".