Las leyes de transexualidad y de igualdad LGTB garantizarán identidad y derechos

El consejo de gobierno de Aragón ha tomado este miércoles en conocimiento dos normas que pretenden garantizar la identidad de género, en un caso, y en el otro la igualdad y protección contra la discriminación del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.

La consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía, Mariví Broto, ha informado del contenido general de ambas leyes en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno, donde ha explicado que responden a un compromiso que adoptó el ejecutivo al principio de la legislatura para evitar la discriminación por razón de la orientación sexual en todos los ámbitos.

El anteproyecto de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón (ley de transexualidad) fue elaborada por la propia Mesa de la Transexualidad, motivo por el que ya no va a ser sometida a un proceso de participación, y pretende regular los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar el reconocimiento a la identidad de género libremente expresada.

También el libre desarrollo de la personalidad acorde a la identidad expresada, el respeto a la integridad física y psíquica de las personas transexuales, el derecho a recibir una atención integral adecuada a sus necesidades y la protección al ejercicio efectivo de la libertad y no discriminación.

En el texto, que Broto espera remitir a las Cortes en un breve plazo, se aborda el tratamiento administrativo de la identidad de género y el derecho a una documentación adecuada y se establece el compromiso firme de llevar a cabo acciones contra la transfobia y el respecto a la identidad y expresión de género.

En el ámbito sanitario, la norma garantiza el derecho a la asistencia sanitaria de las personas transexuales atendiendo a sus peculiaridades, la elaboración de guías e instrucciones médicas para los profesionales y una atención integral multidisciplinar.

También hay medidas relacionadas con la educación, para favorecer el respecto a la diversidad afectivo-sexual con la elaboración de protocolos de atención.

Y se incluyen aspectos relacionados con la integridad de género en el ámbito laboral y con los trámites que faciliten el cambio de nombre en los documentos oficiales.

Se presta especial atención a los menores, con el compromiso de tutelar a aquellos que hayan sido expulsados de sus hogares por manifestar su identidad sexual, y a las víctimas de violencia transfobia.

Respecto a la Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de Orientación Sexual en Aragón, el anteproyecto tiene un "marcado carácter transversal" y como eje vertebrador el principio de igualdad de trato.

El documento base se elaboró gracias a las aportaciones presentadas por los colectivos el pasado mes de septiembre y, en breve, se abrirá un proceso de participación ciudadana tras el que se cerrará el texto final.

Dentro de la ley, se prevén medidas para el apoyo a colectivos vulnerables, como las personas mayores, con discapacidad, inmigrantes o menores y se recoge la elaboración de planes de atención a personas que sufren discriminación por razón de orientación sexual.

También se prevé la elaboración de campañas y planes de prevención de enfermedades de transmisión sexual y la formación de profesionales del ámbito sanitario y se desarrollarán políticas de fomento de la igualdad y la no discriminación por razones de orientación sexual en el empleo público y privado.

Sobre la educación, la norma presta atención a la formación de docentes, la información al alumnado y la necesaria inclusión de la realidad LGTB en los contenidos educativos.

Otro capítulo se refiere a la protección de todos los modelos de familias existentes, al acogimiento y adopción, así como a la violencia dentro del entorno familiar.

Políticas de juventud, medidas relativas al ocio, la cultura, el deporte y la cooperación internacional completan el texto.

La consejera ha indicado que se hace un especial llamamiento al los medios de comunicación para que tengan especial cuidado en hacer un tratamiento igualitario de la información y la obligatoriedad de trabajar en un código deontológico que recoja fórmulas propias de un lenguaje y expresión igualitarios.

En ambos anteproyectos se recogen regímenes sancionadores que persiguen robustecer las normas y dotarles de una mayor garantía.

Estas sanciones van de leves a muy graves y prevén multas de 200 a 45.000 euros, que se pueden incrementar por la agravante de reincidencia.

Las sanciones pretenden castigar desde insultos y acciones discriminatorias leves hasta violencia por razón de orientación sexual o identidad de género.