La consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón trata de completar lo antes posible la estructura de la oficina de representación de la Comunidad Autónoma en Bruselas después de que los dos trabajadores que la integraban dejaran sus puestos de trabajo a finales del pasado mes de octubre.

Este lunes se anunciaba en el BOA la contratación de una técnico que se encargará, según la descripción del cargo recogida en el portal de transparencia, del "seguimiento de información y asesoramiento al Gobierno de Aragón sobre las actividades de la Unión Europea y de la promoción de la participación en iniciativas y proyectos europeos".

El puesto tiene una remuneración anual bruta de 46.178 euros y será desempeñado por Patricia Jiménez, periodista de formación que venía trabajando en Portugal como consultora de comunicación para firmas como Endesa o Akí. Se incorporará a su nuevo puesto "a principios de diciembre", según fuentes de la consejería.

El departamento que encabeza Vicente Guillén trata de encontrar ahora un director, puesto vacante toda vez que Emilio Gil regresara a su anterior trabajo como profesor del departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde además era director de la unidad de Mecanización Agraria y director de la Cátedra Syngenta-UPC.

Este puesto de libre designación (es decir, no se abre un proceso abierto de contratación) tiene una remuneración bruta anual de 81.779 euros. Además, según los datos oficiales, se contempla un complemento de antigüedad (trienio) de 5.131 euros anuales.

Marina Sopeña, que desempeñaba hasta ahora el puesto de técnico, también se incorporó recientemente a un centro universitario, en este caso de carácter privado, motivo por el cual dejó un puesto en el que apenas ha estado unos meses.

Problemas para completar la estructura

La representación aragonesa en Bruselas ya se encontró huérfana durante ocho meses, entre julio de 2015, cuando se quedó sin personal, y marzo de este año, momento en que entró el nuevo responsable. Se dio la circunstancia de que por turno rotatorio le tocaba a Aragón la coordinación de la Representación Permanente de España ante la UE (Reper), labor que no pudo desarrollar.

Los dos empleados seguirán desempeñando las labores de la delegación aragonesa dentro de Reper, donde la Comunidad paga "algo más de 20.000 euros anuales por el alquiler" de su espacio, según los datos facilitados por Presidencia.

El Reper depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y funciona a modo de 'coworking', con espacios comunes y gastos compartidos entre las distintas comunidades autónomas que lo integran. Algunas, como Cataluña o el País Vasco, mantienen su propia sede y una plantilla de empleados más amplia.

El anterior espacio de Aragón en Bruselas consistía en un piso independiente del resto de autonomías. El arrendamiento superaba los 100.000 euros al año (gastos de uso incluidos).