En España, el chivato está mal visto. O por lo menos lo tiene complicado para destapar irregularidades en su ámbito profesional, ya sea en una empresa o en la Administración pública, sin sufrir consecuencias. Mientras la mayoría de los países desarrollados cuentan con mecanismos legales de protección -e incluso recompensa- para los delatores de malas prácticas, aquí todavía no se han desarrollado sistemas eficaces que promuevan la denuncia interna.

Como consecuencia, España es, junto a Kosovo, el estado de la Unión Europea con mayor percepción de corrupción entre los ciudadanos, según el último barómetro Global de la Corrupción presentado por la organización Transparencia Internacional. De ahí que el Parlamento Europeo estudie la elaboración de una directiva que proteja y fomente la figura de los 'whistleblowers', término inglés con el que se denomina a aquellas personas que deciden denunciar una irregularidad en su ámbito de trabajo. Traducido, algo así como delatores, acusadores o denunciantes.

Según un informe de la Asociación de Auditores de Fraude Certificados (ACFE), de más de 2.400 casos de fraude detectados en 114 países, cerca del 40% fueron destapados por 'whistleblowers'. En Estados Unidos, su figura es reconocida y está amparada por el regulador de los mercados de valores (bajo las siglas SEC) desde hace cinco años. De hecho, aquellas personas que denuncian un mala práctica en ese país pueden ser recompensados con hasta el 30% del importe de la sanción que finalmente se imponga al infractor. Cantidades que pueden alcanzar los millones de dólares.

De ahí que esta agencia norteamericana ya haya recibido en el último lustro más de 14.000 soplos, tal y como recoge en un artículo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), entidad que ha mostrado su interés en difundir sistemas de denuncia interna en España.

Pero de momento poco se ha avanzado en este apartado. La propia CNMC cuenta con un 'buzón de denuncia', como también sucede en muchas empresas privadas, a través de herramientas creadas para tal efecto, o mediante sus códigos de conducta. Sin embargo, prácticamente ninguno de ellos ampara el anonimato del denunciante, lo que supone un importante freno.

¿Anónimos?

El principal temor de los 'whistleblowers' en España sigue siendo el de las represalias. Y no les faltan motivos. Casos como el acoso sufrido por Ana Garrido Ramos, funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, tras destapar la trama Gurtel son poco estimulantes para los delatores.

En este sentido existen posturas encontradas. Organismos como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no comulgan con el anonimato del denunciante, y piden que sea identificado, aunque siempre con la máxima protección de confidencialidad de sus datos personales. En cambio, en la mayoría de países que se han desarrollado mecanismos de denuncia interna se garantiza el anonimato. Incluso algunos van más allá, como Suecia, donde está perseguido legalmente el mero hecho de intentar descubrir la identidad de un denunciante.

Una de las escasas entidades que apuesta por el anonimato en España es la Inspección del Trabajo, que cuenta con este canal para destapar fraudes a la Seguridad Social e irregularidades en las condiciones laborales. En su delegación territorial de Aragón, en torno al 13% de las sanciones impuestas provienen de una denuncia (unas 2.500 al año).

En la Comunidad, la principal novedad está a punto de aprobarse en la Aljafería. Se trata de la Ley sobre Integridad y Ética Pública de Aragón -impulsada por la DGA y en fase de debate-, que contempla la creación de un estatuto del empleado público denunciante para darle protección. Un texto que, a falta de enmiendas y modificaciones, no contempla el anonimato aunque sí prevé medidas para garantizar la confidencialidad.