Más de veinte colegios en Aragón superan un 40% de alumnado inmigrante o de minorías

El colegio Pío XII de Huesca, un centro con una elevadísima tasa de alumnado con necesidades especiales, muchas íntimamente ligadas al origen inmigrante o gitano de muchos de los niños, ha ganado una batalla legal y de justicia social. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ordenado la ejecución forzosa de una sentencia de 2014 favorable al Ampa, que lleva años denunciando un desequilibrio en sus aulas que merma el aprendizaje y la igualdad de oportunidades.

El fallo, tildado de "inejecutable" en ciertos círculos, obliga a la DGA a repartir a los alumnos con necesidades especiales por todos los colegios aragoneses, tanto públicos como concertados, para evitar que algunos de ellos se conviertan en guetos educativos en los que el riesgo de abandono y fracaso escolar, y la posterior exclusión social, se multipliquen sin freno.

Pero lo cierto es que el problema ya existe. Según un informe de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública de Aragón, en la comunidad hay 28 colegios que tienen más de un 30% de estudiantes de minorías y de origen extranjero. La mayoría de ellos son públicos y sus nombres no se ofrecen para que no se vean aún más perjudicados en el próximo periodo de escolarización.

Siete tienen entre un 30% y un 40% de alumnado ‘marginal’; 11 llegan al 60% y otros 10 sufren una situación calificada como "muy grave" por la Plataforma, porque entre el 60% y el 100% de sus matriculados pertenecen a otras razas y culturas.

La mayoría de estos centros están en barrios desfavorecidos y, en algunos casos, conviven uno o dos coles ‘guetificados’ con otros sin casi inmigrantes.¿Es posible evitar el ‘apartheid’?

La decisión del TSJA ha abierto un intenso debate en la comunidad escolar. ¿Debe este requerimiento anteponerse a la libertad de elección de centro de las familias? ¿Qué hacer cuando un colegio ya sufre este círculo vicioso y ‘desmatricular’ a los niños no es una opción? Y, en un sistema de escolarización en el que se tienen más puntos en función de la cercanía domiciliaria al colegio, ¿cómo librar a los barrios más humildes de que sus colegios se conviertan en centros que alimentan un apartheid educativo?

Las necesidades especiales no solo las marcan en educación las dificultades económicas, sociales o derivadas de la inmigración. También se consideran como tales las que presenta, en todos los estratos, el alumnado con dificultades y trastornos que afectan al aprendizaje, muchos de los cuales hace décadas ni se conocían.

En este sentido, el departamento de Educación sí que ha avanzado este curso en medidas que traten de equilibrar este escenario y que son posteriores al año en el que salió la sentencia. Por ejemplo, se ha establecido que haya como máximo un 30% de estudiantes con necesidades especiales en cada centro; se han reforzado los servicios de orientadores y el decreto de escolarización permite bajar la ratio en cualquier colegio si se ha constatado que soporta unas problemáticas mayores.

La ‘guetificación’ supone un plus, ya que los coles en los que más del 30% de los estudiantes son de minorías étnicas o pertenecen a familias extranjeras, pueden acumular estudiantes con dificultades de aprendizaje o sensoriales y físicas pero, además, el desconocimiento del idioma o las consecuencias familiares, laborales y sociales de la pobreza (muchas familias inmigrantes la sufren) impactan en estos niños.

Juan Antonio Planas, psicopedagogo y orientador en un instituto zaragozano, reconoce que es "complicado" plantear una redistribución equitativa. "Deberían reservarse plazas para estos alumnos obligatoriamente en todos los colegios, no puede ser que en un mismo barrio haya dos centros y uno no tenga inmigración y el otro solo tenga extranjeros y minorías", insiste.

El Consejo Escolar de Aragón ha hecho un análisis profundo y sus últimos datos (corresponden al curso 2013/2014) muestran que el 81,7% de los estudiantes extranjeros están matriculados en coles públicos, frente al 16,3% apuntados en concertados. Por eso, Guillermo Herráiz, portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, cree que parte de la solución pasa por modificar la normativa de escolarización para que dentro de cada zona haya plazas reservadas para los casos con dificultades.

Un círculo vicioso

Este fenómeno atrae a otro, haciendo de esto un círculo vicioso: estos centros son los menos solicitados cada año y los que dejan plazas libres. "La mayoría de los chavales que llegan a mitad de curso son de origen inmigrante, y se les escolariza donde hay plazas, y así el ciclo no termina nunca", explica Antonio Lascorz, profesor y una de las personas que elaboró el informe.

Estos sectarismos son, además, poco enriquecedores. "En los centros que se autodenominan de élite, sin un alumnado heterogéneo, se crea una competencia excesiva y situaciones poco reales. Es mucho más enriquecedor un enfoque de ayuda mutua, en la que los chavales colaboran; que una burbuja competitiva", precisa Planas.