Los 'lobbys' deberán inscribirse para tratar con la Administración
El proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública también pretende regular la actividad de los grupos de presión, que ahora estarán obligados, a iniciativa de Ciudadanos, a inscribirse en un registro para poder negociar con la Administración autonómica. La condición de lobista viene definida en la norma y engloba a todos aquellos profesionales y colectivos que pretendan influenciar la toma de decisión pública, "desarrollada por o en nombre de un grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses".
Este registro de lobistas y lobbys será carácter público y el acceso a la información será gratuita.
Su puesta en marcha cuenta con el respaldo de todos los grupos, salvo el PAR, que pone en entredicho su efectividad. En este sentido, la diputada Elena Allué recuerda que la única autonomía que ha regulado la labor de los grupos de presión es Cataluña, aunque el número de coletivos que se han registrado es mínimo. "Allí no ha funcionado. Siempre habrá presiones, sin que haga falta que se registren", dijo.
