Los consejeros y los altos cargos de la DGA ya no tendrán tarjetas de crédito oficiales

Los consejeros y altos cargos de la DGA, así como los directivos de sus empresas públicas, se quedarán sin tarjetas de crédito oficiales nada más se apruebe la Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón. Así lo han acordado, a iniciativa de la diputada de IU Patricia Luquin, los cuatro partidos de la izquierda, que han endurecido el texto presentado por el Gobierno de Aragón, que ya planteaba vetar su uso como medio de pago para los gastos de representación.

El acuerdo obligará ahora a los responsables de la DGA y a los cargos del sector público a adelantar el dinero y justificar los gastos ante la Intervención General o bien pedir dinero a cuenta a la tesorería y justificar luego el uso con facturas. La medida ha generado ya suspicacias por las situaciones que se pueden llegar a generar cuando una delegación oficial se encuentre de viaje en el extranjero y surjan imprevistos, por el elevado importe que habría que desembolsar.

La enmienda aprobada no dejar lugar a la duda en la interpretación e implicará que todas las tarjetas existentes se deberán retirar, tal y como queda el texto definitivo de este punto recogido en el "código de buen gobierno" del proyecto de ley: "La Administración no pondrá a disposición de las autoridades o cargos del sector público autonómico tarjetas de crédito".

La diputada aragonesista Elena Allué planteó sin éxito una enmienda alternativa para atender excepcionalidades. Así, propuso que, "en el caso de valorar su idoneidad", se podrían facilitar tarjetas de crédito oficiales, pero siempre dando cuenta "de todos sus gastos especificados y motivados".

Los gastos de representación

Tampoco se podrá recurrir a uso de los gastos de representación para convertirlos en un complemento del sueldo, ya que se recoge explícitamente que solo se podrá utilizar para atender desembolsos "en el desempeño de las funciones de la autoridad o cargo del sector público autonómico". En su redacción no se deja resquicio alguno: "No podrá abonarse con cargo a ellos ningún tipo de retribución, en metálico o en especie".

Ambas medidas forman parte del código de buen gobierno que deberán regir la labor de altos cargos y directivos de empresas públicas, cuyo texto original y las enmiendas planteadas para su modificación se han debatido esta semana en la ponencia parlamentaria. El texto recoge expresamente que cualquier incumplimiento se podrá denunciar ante la futura agencia anticorrupción recogida en el proyecto, defendida por la izquierda y denostada por el resto de grupos.

Además, estarán obligados a justificar "debidamente" estos gastos y "acreditar" su necesidad para el desempeño de las funciones inherentes al cargo.

Otra de las novedades es todo lo concerniente a los regalos, que tanta polémica han generado en la escena política aragonesa y nacional. El diputado de Podemos Héctor Vicente defendió una enmienda para limitar el importe a los 50 euros, aunque acabó transaccionando su propuesta ante la negativa del resto a fijar una cifra económica concreta al justificarse que este importe quedará desfasado con los próximos años.

Por ello, en la misma línea del texto original, se incide en que políticos y directivos tendrán la obligación de rechazar regalos, favor o servicios en condiciones ventajosas que vayan más allá "de los usos sociales". El proyecto de ley recoge también que en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio autonómico, "en los términos previstos en la legislación vigente".

Igualmente, el código también establece una mínima regulación en la utilización de los vehículos oficiales, aunque para establecer obviedades a las que estarán todos sujetos, tanto miembros de la DGA como directivos de las empresas públicas. Así, regula que su uso estará vinculado a las obligaciones de desplazaminento derivadas del desempeño de su cargo y, en su caso, por razones de seguridad.

Principios éticos básicos

Los principios de buen gobierno recogidos en la norma en tramitación parlamentaria incluye preceptos éticos básicos. Entre ellos, la obligación de abstenerse de "contraer obligaciones económicas, realizar cualquier tipo de operación financiera o negocio jurídico que pudiera supone un conflicto de intereses". En esta misma línea, no podrán contribuir a agilizar o resolver trámites y procedimientos que les beneficie a ellos o a su entorno.

El proyecto de ley también recoge la potestad del Gobierno autonómico de desarrollar un código básico de conducta para los empleados de la Administración y de las empresas públicas, así como otros específicos para colectivos concretos "cuando se considere necesario por las peculiaridades del servicio". No obstante, la propia norma recuerda que las actuaciones de los empleados públicos ya están reguladas por su estatuto básico y en la propia legislación de la Comunidad.