Aumentan las amenazas y el acoso a los profesores a través de las redes sociales

La Defensora del Profesor en Aragón denuncia la paulatina pérdida de autoridad de los docentes. Esta institución del sindicato Anpe trató el curso pasado 23 casos, la mayoría de ellos en secundaria.

La Defensora del Profesor en Aragón, Teresa Hernández, y la presidenta de Anpe, Laura Alins.
Aumentan las amenazas y el acoso a los profesores a través de las redes sociales
Julián Fallas

Grupos de whats- app que critican a un profesor de tal forma que se llegan a pedir firmas para su sustitución. Faltas de respeto en el aula que entorpecen y, en ocasiones imposibilitan, su trabajo. Sin llegar a las agresiones, que también las hay, los docentes aragoneses sufren en las aulas problemas que dificultan su labor y socavan su autoridad, lo que acaba más veces de las deseadas en una baja o en un replanteamiento de la profesión. No es lo habitual, pero ocurre, y el sindicato independiente Anpe no solo lo constata, sino que denuncia que cada vez se producen más casos de ciberacoso y de amenazas de padres a profesores en las aulas de Aragón.


El sindicato puso en marcha a nivel nacional la figura del Defensor del Profesor hace once años y, desde entonces, más de 30.000 docentes de todo el país (2.000 el pasado curso) han recibido consejos o asesoría. En Aragón, esta labor la desarrolla Teresa Hernández, que lamentó ayer que en el periodo 2015-2016 ha atendido más casos que hace dos años. Y, aunque admite que no todos son conflictivos, señala las nocivas consecuencias que tienen para los profesionales."El dato más preocupante es que el 57% de los casos que atendemos presentan ansiedad; el 14%, depresión y el 29% están ya de baja cuando acuden a nosotros", critica. Por este motivo, la Defensora aragonesa del Profesor pidió ayer que, en casos así, estas afecciones se consideren enfermedad profesional.

La relación con las familias

Hernández considera que esta situación tiene una causa muy concreta: la progresiva pérdida de autoridad de los maestros en clase, que ha motivado que se produzcan más problemas en la relación con sus estudiantes y, también, con sus familias."Y a la que no ayudan convocatorias como la huelga de deberes", añade.


En los 23 casos en los que el sindicato ayudó el pasado año, dos más que en 2014, el 12% fueron problemas para dar clase, otro 9% faltas de respeto y, el mismo porcentaje, falsas acusaciones."Labores como la nuestra han creado un debate sobre la conflictividad en las aulas y, en Aragón existe desde 2012 la ley de autoridad pública, pero muchos no la conocen", se queja Laura Alins, presidenta de Anpe en la Comunidad.


Alins informó ayer de que, si bien hay problemas de convivencia que se han reducido en Aragón, como la presión por parte de una familia para cambiar las calificaciones de un estudiante, preocupan otros que crecen con el paso de los meses, especialmente problemas derivados de la relación con la dirección del centro (un 9% más), amenazas de padres (un 3% extra respecto a 2014-2015) y los casos de ciberacoso (un 6% más)."A algunos profesores les han grabado y han colgado imágenes suyas en las redes sociales. Hemos recibido hasta quejas porque en un bar cercano al colegio se han colgado hojas para que la gente se sume a una queja contra un docente", cuenta Hernández.


Las llamadas que recibe la Defensora del Profesor en Aragón (al número 640157742) provienen en su gran mayoría de la educación pública, el 46% de profesionales de secundaria y el 29%, de primaria. Crecen los problemas de docentes en Formación Profesional Básica, hasta un 13%, en opinión de Hernández porque"es un ciclo al que llega alumnado desmotivado al que en muchas ocasiones atiende profesorado interino, que se ve desbordado ante determinadas situaciones".


También crece la conflictividad laboral, ya que los problemas con la dirección o con otros compañeros están entre los más señalados por los docentes que acuden a Anpe a por ayuda o guía. El sindicato ya ha recibido quejas en el presente curso sobre problemas administrativos e, incluso, una llamada sobre una agresión.


Por todos estos motivos, Anpe pide poner en marcha un plan estratégico de mejora de la convivencia escolar, que cuente con programas de prevención, reactive el Observatorio Estatal sobre Convivencia y dé garantía jurídica y asistencia psicológica gratuita a los profesores.

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