Guillén anuncia una ley de memoria que prevé sanciones por mantener símbolos franquistas

El consejero de Presidencia del Gobierno Aragonés, Vicente Guillén, anunció ayer la redacción de un Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón que contemplará desde exhumaciones puntuales hasta la revisión de sentencias franquistas, así como la elaboración de un régimen sancionador que penalice la no retirada de símbolos y elementos de la dictadura de los espacios públicos.

El objetivo del Gobierno aragonés es presentar el texto a las Cortes antes del verano de 2017 para que pueda ser aprobado a finales de ese año. Ya se ha creado una comisión de trabajo presidida por el propio Guillén en la que también participan miembros de la Presidencia del Ejecutivo autonómico y de los departamentos de Presidencia y de Educación, Cultura y Deporte.

El consejero dio la noticia en la localidad turolense de Cella, a la que acudió para conocer los detalles de una escuela taller que restaurará paisajes degradados del municipio. Allí manifestó que esa ley autonómica, similar a la que ya existe a nivel estatal, deberá dar respuesta "al derecho que tienen los ciudadanos a conocer los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo y al deber de las Administraciones de no olvidar el legado de nuestra historia".

Resaltó que el caso de Aragón es especialmente complejo, al haber existido un frente de guerra estable, con batallas clave –como la de Teruel–, que dejó diversas huellas en la gestión de la memoria pública y privada. El consejero estimó que la redacción de la Ley de Memoria Democrática "parece inaplazable y razonable" y apeló a "superar el tratamiento asimétrico que se ha dado a las diferentes víctimas durante décadas"."Verdad, Justicia y reparación"

Explicó que la Ley se sustentará en tres pilares. Uno de ellos, "la verdad" o derecho a saber, hace referencia al abanico de medidas que el Gobierno puede implementar para facilitar el acceso a la información de interesados e investigadores y que va desde las exhumaciones a la "transparencia" de la documentación. El segundo es la Justicia, en el sentido de considerar a los damnificados por la Guerra y el franquismo como víctimas de lesa humanidad, "lo que debería implicar el propósito de revisión de las sentencias franquistas", indicó en una nota el Gobierno aragonés. El tercer principio será "la reparación", donde se enmarca la gestión de espacios públicos, la implicación institucional en el reconocimiento de las víctimas y el rechazo explícito al franquismo, según añade el comunicado. La Ley incluirá también políticas educativas y actividades culturales de difusión de episodios diversos de aquella época.