La DGA controlará la publicidad y los precios el 'Black Friday'

La DGA vigilará especialmente el marcaje de los precios en las grandes cadenas para el 25 de noviembre.

El Black Friday tuvo una buena acogida el año pasado, con grandes descuentos y promociones.
El comercio calienta motores para el Black Friday
A. Navarro

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón realizará controles específicos, especialmente sobre la publicidad y los marcajes de los precios en las grandes cadenas, con motivo de la celebración del Viernes Negro o 'Black Friday' el próximo 25 de noviembre.


En una nota de prensa, el Gobierno recuerda que un descuento o una oferta no va acompañado de una merma en los derechos, que la garantía de un bien permanece inalterable y que su duración sigue siendo de dos años.


El director general Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, aconseja comprar en establecimientos que estén adheridos al sistema arbitral de consumo porque "supone siempre una garantía de calidad".


Dichas fuentes advierten asimismo de que la factura o el justificante de pago es imprescindible para poder realizar cualquier actuación, por lo que hay que exigirlo y conservarlo, al menos durante esos dos años posteriores a la adquisición.


Consumo recomienda asesorarse antes de comprar para saber qué es lo que nos conviene, sobre todo en material electrónico, no hacer compras por impulso y adquirir solo aquello que realmente necesitemos.


El material electrónico representa el 1,04% de las consultas y quejas, mientras que en lo que se refiere a los bienes o servicios comprados por Internet, el número de reclamaciones se sitúa en torno a un 4, %.


Por ello, esta Dirección general recuerda que en las compras por Internet el comprador tiene derecho a desistir en el plazo de catorce días naturales a contar desde la recepción del producto o la formalización del contrato, que el plazo de garantía es el mismo que si de un comercio tradicional se tratase y que el de entrega no debe superar los 30 días, salvo que se haya pactado otro distinto.


Si la empresa debe devolver el dinero, porque no puede entregar el producto, y se retrasa injustificadamente, el usuario podrá reclamar el doble de lo adeudado, sin perjuicio a reclamar adicionalmente por los daños y perjuicios que excedan de esa cuantía.


También es necesario un consentimiento "expreso" para contratar y facilitar previamente al usuario por escrito la información relativa a costes, plazos, formas de pago y otras condiciones; y especialmente la información sobre el derecho de desistimiento, así como la entrega de un documento a estos efectos.


La página web debe mostrar los datos de la empresa que ofrece el producto, el nombre, domicilio social, un teléfono de contacto y el horario de atención en el que se puede llamar.


Los sitios web deben ofrecer distintas formas de pago tanto online, mediante tarjeta bancaria, como off line, contra-reembolso, en efectivo, por transferencia.


La página electrónica deberá indicar detalladamente el procedimiento a seguir en caso de devolución o reclamación y precisar a cargo de quien corren los cargos de envío tanto en la compra como en la posible devolución.


En el momento del pago mediante tarjeta bancaria, la dirección de la página principal debe cambiar de la típica http:// a otra que empiece por https//:; es la letra "s" o un candado en el pie de la página lo que garantiza que la página es segura.


Leer la descripción y características del producto; comprobar la política de privacidad de un sitio web; utilizar un navegador actualizado con distintos niveles de alertas; realizar las compras desde lugares seguros; no introducir datos bancarios o personales en equipos públicos o conservar una copia en papel impreso de la confirmación de la compra como comprobante, son otros de los consejos.


También es símbolo de fiabilidad la actualiza continúa de la página web.

Para recibir información, el Gobierno de Aragón recuerda que se puede recurrir a las oficinas de información al consumidor, a la propia Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios o en los Servicios Provinciales de Ciudadanía y Derechos Sociales, así como en el teléfono gratuito 900 12 13 14.

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