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Aragón

Un nuevo convenio asegura la atención sanitaria a 8.500 aragoneses de zonas limítrofes

Más de 8.500 aragoneses podrán acudir al centros de Atención Primaria y Especializada de la Comunidad Valenciana.

Europa Press. Valencia Actualizada 14/11/2016 a las 16:23

Un total de 8.574 aragoneses y 2.460 valencianos de las localidades límitrofes se beneficiarán del convenio de colaboración sanitaria que este lunes han suscrito la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, y el consejero aragonés del ramo, Sebastián Celaya.

De este modo, más de 11.000 ciudadanos podrán acudir al centro de Atención Primaria y Especializada más cercanos a su domicilio con independencia de la comunidad autónoma en la que residan, así como se regula también la atención de urgencias y salud mental.

En concreto, de este acuerdo se beneficiarán los vecinos de las zonas básicas de salud de Cantavieja, Mosqueruela, Mora de Rubielos, Sarrión y Valderrobres, en el sector sanitario de Teruel, y las zonas básicas de salud de Ademuz, Titaguas, Forcall y Morella de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Al respecto, Montón ha explicado que el nuevo convenio marco de colaboración en materia sanitaria "llenará el vacío legal que existía hasta la fecha a la hora de prestar asistencia sanitaria en zonas limítrofes" ya que el anterior convenio databa de 2006 y estuvo vigente hasta noviembre de 2011. Sin embargo, aunque en mayo de 2013 se firmó un protocolo en materia de turismo, sanidad y gestión del medio natural, nunca llegó a firmarse el correspondiente convenio de colaboración.

Montón ha exigido a la nueva ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, que "entre en el juego" porque el Fondo de Cohesión sanitaria quedó sin presupuesto en 2016 y el Fondo de Garantía Asistencial "todavía no se ha puesto en marcha desde 2012" pese a que son "dos herramientas fundamentales para que esta colaboración se traduzca después en una compensación económica".

Por ello, ha exigido al Gobierno de España que "cumpla con su obligación" y ponga en funcionamiento estos fondos ya que el Gobierno de España adeuda a la Comunitat Valenciana desde 2012 un total de 303 millones de euros en materia de compensación de desplazados nacionales.

Por su parte, el consejero aragonés ha resaltado que este convenio permite "garantizar a los ciudadanos que van a estar atendidos lo mejor posible y en el sitio más próximo" porque "los ciudadanos no entienden de quién tiene que pagar sino la mejor atención y más cercana". Por ello, ha exigido a la ministra una reunión urgente del Consejero Territorial.
 

CONVENIO

El convenio establece que los ciudadanos de estas zonas podrán ser atendidos en Atención Primaria por profesionales sanitarios pertenecientes a los servicios de salud de ambas comunidades. De igual modo, en Atención Especializada, la asistencia se realizará en los centros hospitalarios de referencia más cercanos, independientemente de la comunidad a la que pertenezcan y siempre con la aceptación del paciente.

Además, el transporte sanitario no urgente será garantizado preferentemente por la comunidad de origen del paciente, pero en caso de dificultad la prestación se garantizará indistintamente, bien sea directamente o a través de las empresas que provean el servicio cuando esté externalizado.

Asimismo, las recetas se dispensarán en el centro sanitario donde sea atendido el paciente y, en el caso de los fármacos de dispensación hospitalaria, el coste se facturará a la comunidad origen del paciente o bien, preferentemente, se compensará por reposición.

El convenio también regula que, en el caso de las urgencias y emergencias sanitarias, se movilicen los recursos más adecuados al tipo de incidente y disponibles en cada momento. Ante una situación de emergencia será necesario contactar con los teléfonos de atención de urgencias y emergencias de ambas autonomías: el 112 en el caso del Centre d'Emergències de la Comunitat Valenciana y el 112 o 061 en el caso del Centro de Coordinación de Urgencias Sanitarias de Aragón.

Para velar por el cumplimiento del convenio se crea una comisión de seguimiento y control compuesta por seis miembros, tres de cada comunidad, que debe reunirse una vez al año.




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