La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) llevará al Ayuntamiento de Zaragoza a los tribunales ante su negativa a devolverle el medio millón de euros que pagó por el impuesto de plusvalías por la veintena de ventas de parcelas que se cerraron el año pasado. La sociedad pública, hasta ahora participada por el propio Consistorio, ya alegó sin éxito ante la Agencia Municipal Tributaria que en esas operaciones no hubo un incremento de valor de las parcelas industriales, por lo que no se generaron plusvalías y, por tanto, no le correspondía la obligación de pagar el impuesto.

El consejo de administración de Plaza acaba de autorizar la interposición de una demanda por la vía de lo contencioso-administrativa, para lo que cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos de la DGA. La Administración autonómica es ahora la única accionista de la sociedad, por lo que requirió un informe a los juristas antes de emprender medidas legales.

El litigio se suma al resto de frentes abiertos entre la DGA y el Ayuntamiento, como la Ley de Capitalidad, el impuesto de contaminación de las aguas (ICA) y la deuda millonaria del tranvía.

En este caso, el Ayuntamiento se ha negado a devolver el medio de millón de euros, tal y como comunicó la Agencia Municipal Tributaria a finales de septiembre. Desestimó los recursos de reposición interpuestos por Plaza con el argumento de que el impuesto se determina en función del valor catastral, sin tener en cuenta el precio de mercado "con la finalidad de dotar de objetividad la determinación de la base imponible del impuesto".

La Plataforma Logística sostiene que en realidad ha habido una minusvalía del valor de los terrenos por la depreciación del mercado, por lo que ni siquiera hay base imponible sobre la que sostener el cobro del impuesto. La recuperación de las ventas de 2015 ha continuado este año con las parcelas más grandes, por lo que todo apunta a que el litigio se agrandará.

El informe de los servicios jurídicos de la DGA incide en que "no es admisible" la aplicación de forma automática e indiscriminada del tributo, tal y como sostiene el Ayuntamiento de Zaragoza, a todas las operaciones de transmisión de terrenos urbanos.

Además, refuerza su argumentación con la jurisprudencia que se viene acumulando sobre la cuestión en los últimos años, citando sentencias en las que se expone la necesidad de que haya un incremento del valor del terreno, el hecho imponible, para que se genere la obligación tributaria.

Expertos jurídicos consultados vaticinaron que Plaza ganará el pleito. Solo en Zaragoza se acumulan más de una veintena de sentencias en primera instancia en las que se ha dado la razón a los contribuyentes que recurrieron en las mismas circunstancias que la sociedad pública.