El Gobierno de España ha alcanzado un acuerdo con el ejecutivo aragonés que resuelve las discrepancias sobre los presupuestos de la comunidad autónoma para el ejercicio de 2016 y evita la interposición de un recurso de inconstitucionalidad del Estado contra las cuentas autonómicas.

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha firmado el acuerdo como presidenta de la Comisión Bilateral creada con Aragón, ha informado su departamento, que ha resaltado en un comunicado que con esta firma se demuestra la voluntad de diálogo del gobierno con todas las administraciones territoriales.

La resolución evita además la interposición del recurso de inconstitucionalidad al haberse comprometido el Gobierno aragonés a interpretar los artículos controvertidos conforme a la legislación básica estatal, según la misma fuente.

Concretamente, planteaban dudas de inconstitucionalidad dos artículos de la ley de presupuestos autonómicos -20.5 y 29.2- sobre la homologación de las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, fundaciones y consorcios con las retribuciones de los altos cargos.

El texto autonómico omitía el requisito de que en ningún caso la homologación podía suponer un incremento de la masa salarial global.

Esa omisión, ha explicado el ministerio, es contraria a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, donde se establece que la masa salarial del personal laboral no podrá experimentar un crecimiento superior al 1 por ciento.

Según varias sentencias del Constitucional, el establecimiento de techos salariales se encuentra dentro de las competencias estatales que persiguen la consecución de la estabilidad económica, en el ámbito de la dirección y orientación de la política económica.

El ministerio alude especialmente a una sentencia de 2001 que señala que la coordinación de la Hacienda estatal exige a las comunidades autónomas la acomodación de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado a fin de alcanzar la estabilidad económica.Homologación salarial de los directivos de empresas públicas y altos cargos

Fuentes del ejecutivo aragonés han precisado que con el acuerdo, que ya fue cerrado con el anterior gobierno central, queda claro que la homologación salarial de los directivos de las empresas públicas con los altos cargos del gobierno aragonés no iba a suponer en ningún caso un incremento de la masa salarial, sino más bien al contrario.

El acuerdo ha sido negociado por miembros de ambos gobiernos en el seno de la subcomisión creada dentro de la Comisión Bilateral que aborda cuestiones legales y competenciales de ambas administraciones.

Estaba previsto que tanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) como el de Aragón (BOA) publiquen este mes el acuerdo, que incluye el compromiso del ejecutivo autonómico de reinterpretar los artículos citados y, por lo tanto, seguir avanzando en el proceso de homologación salarial al haber desaparecido la amenaza del recurso ante el Tribunal Constitucional.

Se trata de una cuestión "más técnica que política", han precisado las fuentes del ejecutivo autonómico, que añaden que el documento llevará la firma de Sáenz de Santamaría y del consejero de Presidencia aragonés, Vicente Guillén.