Los diez puntos que se juega Aragón con el nuevo gobierno

1 Financiación autonómica: educación y sanidad

Va a ser el debate de la legislatura y marcará la próxima década de la DGA. Aragón lleva desde 2009 recibiendo del Estado menos dinero del que gasta por las competencias que tiene asumidas, principalmente la sanidad y la educación. Según los técnicos, solo en los cinco primeros años de vigencia del actual modelo de reparto, Aragón ha dejado de recibir 780 millones de euros. El sistema lo impuso el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de sus pactos con Cataluña. Ahora, Rajoy se ha comprometido a cambiar el modelo negociando con las 17 autonomías. Como ya ha explicado, esto no va a ser una negociación entre partidos sino entre territorios, así que Aragón debe buscar alianzas y cierta complicidad del próximo Gobierno central.2 Una política contra la despoblación

El próximo Gobierno tiene el mandato del Senado de desarrollar una política específica para luchar contra la despoblación y el envejecimiento de la población.Entre las propuestas está que parte de los fondos europeos que recibe España como país vayan exclusivamente a las zonas más despobladas y envejecidas. Aragón sería, junto a Castilla y León, la principal beneficiada. Aragón está manteniendo conversaciones con varias autonomías del interior para que se apruebe algún tipo de programa estatal, pero todavía está lejos de conseguirlo. Tiene en contra al Ministerio de Hacienda y a comunidades como Andalucía y Cataluña.3 La deuda histórica

Es la reivindicación más polémica que ha hecho hasta ahora el presidente de Aragón, Javier Lambán. El líder socialista ha reclamado formalmente al Gobierno central el pago a Aragón de 7.556 millones de euros en concepto de «deuda histórica». El Gobierno central no reconoce la existencia de este tipo de deudas con las Comunidades. La DGA ha cuantificado esa cifra valorando inversiones pendientes y la infradotación de las transferencias del Estado en sanidad y educación, entre otros conceptos. Las posibilidades de que el Gobierno de Rajoy dé alguna atención a esta petición son bastante escasas. Cataluña acaba de llevar una reclamación idéntica a la Audiencia Nacional.4 La devolución de los bienes

El Gobierno central siempre ha argumentado que es «neutral» en el conflicto del patrimonio aragonés que retienen las instituciones catalanas. Sin embargo, cada vez que ha tenido que posicionarse –la última vez, a través del representante del Ministerio de Educación y Cultura en el museo catalán que retiene las piezas– lo ha hecho en contra de los intereses aragoneses. Para que Aragón tenga alguna opción será clave que el Gobierno central cambie a los responsables de Cultura en el citado Ministerio, que no han escondido su afinidad con ciertas reivindicaciones catalanistas.5 De "pieza de seguridad" a "nexo" con Cataluña y País Vasco

Luisa Fernanda Rudi y Marcelino Iglesias plantearon al Gobierno central que –en su política territorial– contasen con Aragón como una "pieza de seguridad" en el Noreste de España ante las movimientos secesionistas en Cataluña y País Vasco. Lambán ha querido romper este planteamiento que, a su juicio, no facilita las relaciones de Aragón con los gobiernos catalanes y vascos y se ha propuesto como "nexo" de la España interior con las dos comunidades con más sentimiento independentistas.Lambán ya se ha propuesto ante el rey para "mediar" con Cataluña y ha escrito una misiva a Rajoy en el mismo sentido.De momento, el Gobierno central no tiene ninguna intención de entrar en ese juego.6 Cumplir el Estatuto

La máxima norma aragonesa reconoce a Aragón el derecho de que el Gobierno central le consulte qué inversiones estatales deben "priorizarse" en los Presupuestos Generales del Estado. La norma debería implicar que en el mes de septiembre de cada año (antes de que el Gobierno central envíe su proyecto de Presupuestos al Congreso), los Ministerios inversores se reúnan a la DGA para que esta le diga si, por ejemplo, le interesa que el dinero vaya más al Canfranc o a la TCP, al embalse de Yesa o a cualquier otra infraestructura. Esta disposición del Estatuto está en vigor desde 2007. Zapatero sí reunió a la comisión bilateral con Aragón para abordar estos asuntos, igual que el Gobierno de Rajoy en sus años de coincidencia con Luisa Fernanda Rudi.Sin embargo, los presupuestos de 2016 se aprobaron sin la consulta previa a Aragón y, al menos de momento, todavía no se ha producido ningún contacto respecto a los presupuestos de 2017.7 El Fondo de Inversiones de Teruel

El Gobierno central y el aragonés llevan desde los años 90 –a iniciativa del entonces consejero de Economía de la DGA, Santiago Lanzuela– destinando 30 millones cada uno de sus presupuestos al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). El problema es que cada año toca renovar el convenio de colaboración entre Gobierno central y DGA y ha habido en varios ejercicios en los que esta partida desapareció temporalmente durante la tramitación parlamentaria. El Gobierno de Rajoy entre 2012 y 2016 siempre cumplió su parte –aunque en el primer año tras un pulso entre la entonces presidenta Rudi y el ministro Cristóbal Montoro, que ganó la dirigente aragonesa– pero no hay ningún compromiso expreso que garantice que la colaboración va a seguir esta legislatura.8 El Pacto del Agua

Tanto Mariano Rajoy como Javier Lambán son firmes impulsores de las obras hidráulicas y los dos están posicionados a favor del Pacto del Agua, especialmente la finalización del recrecimiento de Yesa.En cualquier caso, supone un importante esfuerzo presupuestario que –debido a las carencias– podría ahora ralentizarse.9 Los juicios pendientes

El Consejo de Ministros ha recurrido recientemente ante el Tribunal Constitucional la ley aragonesa que prohibía a la Universidad San Jorge impulsar carreras que ya tuviese la Universidad de Zaragoza.También ha recurrido, entre otras, la ley autonómica que planteaba la cesión de pisos vacíos de los bancos. El próximo Gobierno central y el aragonés tienen el reto de rebajar el alto nivel de conflictividad judicial.10 Una larga lista de obras prometidas que siguen pendientes de ejecutar

Una de las principales reivindicaciones de Aragón se centra en sus infraestructuras, ya que ni las autovías ni las mejoras comprometidas para la red ferroviaria son una realidad a estas alturas. El compromiso del Gobierno del PP con Aragón se demostrará en sus presupuestos para 2017. En los de este año incluyó una partida plurianual para impulsar la reapertura del túnel de Canfranc que le obliga a destinar ya 20 millones de euros a la mejora de la línea el próximo ejercicio. 

Otra de las intervenciones pendientes es la modernización de la vía entre Teruel y Valencia, afectada por múltiples limitaciones de velocidad y en la que se acumulan incidencias por el abandono del corredor. Igualmente sigue bloqueada la conversión de la línea entre Zaragoza y el norte de España a la velocidad alta para lograr un corredor Cantábrico-Mediterráneo competitivo con la carretera. 

Los desdoblamientos de los grandes ejes viarios también están a la espera. El único en marcha es el de Logroño gracias, eso sí, al impulso dado por Rajoy en la pasada legislatura: las obras de Figueruelas a Gallur han comenzado y antes de fin de año debe adjudicarse el último tramo, Gallur-Mallén. 

Una suerte muy distinta corren las carreteras de Castellón y de Barcelona, cuyos proyectos permanecen atascados, al igual que el eje pirenaico

(N-260) y el que vertebra la zona oriental (N-230). Mientras, avanzan las autovías Huesca-Jaca y Jaca-Navarra, aunque carecen de una fecha de conclusión. En materia hidráulica, el embalse de Santolea carece de fecha de licitación, mientras el de Almudévar está atascado a la espera de su aprobación y el de Biscarrués sigue en redacción. La otra cara son las obras de Yesa y la reanudación de los trabajos de la presa de Mularroya.