Las comarcas solo recibirán 4,5 millones de los 9 que prometió Guillén tras el recorte

Tras los drásticos recortes impuestos este año a las partidas presupuestarias destinadas a las comarcas y a la justicia gratuita, el Gobierno de Aragón tiene previsto paliar la escasez de fondos, pero solo en parte. Las quejas del territorio obligaron a la DGA a prometer a los presidentes comarcales que les aportaría 9 millones a finales de año para cuadrar sus cuentas, después de que en 2015 se les abonaran 8,8 millones menos de lo previsto, que finalmente han recuperado tras una gran polémica, aunque condicionados a su uso para gasto social.

También lo estarán los 4,5 millones recogidos en el expediente de ampliación de crédito que se votará el miércoles en la comisión de Hacienda de las Cortes, justo la mitad de lo comprometido. De momento, el Ejecutivo no confirma si hará más aportaciones este año.

Como ya lo hiciera cuando planteó recuperar los 8,8 millones, el Departamento de Hacienda reconoce en su informe que el tijeretazo in extremis en 2015 generó en las comarcas "una situación de déficit" y que en estos momentos los créditos para las políticas sociales que desarrollan también resultan "insuficientes". Pero también recuerda la complicada situación de las arcas autonómicas y deja claro que hay que "repartir el esfuerzo" de las limitaciones presupuestarias. Según consta en el expediente, los 4,5 millones extra saldrán de ayudas a grupos de acción local que gestionan los fondos europeos Leader para proyectos en el medio rural.

Algunas comarcas ya advierten de que con las cantidades que recibirán si se aprueba la modificación (van entre los poco más de 81.000 euros de Campo de Belchite y Maestrazgo y los 355.000 que recibirá la Hoya de Huesca) les harán muy complicado llegar a fin de año. "Con eso garantizamos la acción social, pero el problema es que no llegamos a cubrir los gastos mínimos de funcionamiento general", lamentó ayer el presidente de Campo de Daroca, Javier Lafuente (PP), que exigió que se les pague el otro 50% prometido y no se condicione a gasto social. Este año ya han tenido que eliminar los convenios con asociaciones o las subvenciones para centros escolares, e incluso en verano no pudieron cubrir las vacaciones de las empleadas de ayuda a domicilio.

Josep Antoni Chauvell (PSOE), su homólogo de La Litera, afirmó que "todo lo que llegue es bienvenido" porque van "apurados para pagar las nóminas de diciembre" y deben dos meses a los proveedores, sobre todo los de las dos residencias comarcales. En primavera, ante las demoras de la DGA, ya tuvieron que pedir a los ayuntamientos que adelantaran los recibos de la recogida de basuras hasta noviembre y se han visto obligados a congelar algunas partidas. "Necesitaríamos los 9 millones", reconoció, aunque ahora los pagos llegan puntuales.

En la Comarca del Aranda, el dinero que llegue servirá para recuperar las partidas "importantes" de acción social que dejaron en suspenso, explicó su presidente, el socialista José Ángel Calvo.Medio millón de la capitalidad

Tampoco en justicia gratuita salen ahora las cuentas, ya que, según reconoce el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, pese a que ya hubo un incremento de 1,2 millones a la exigua partida inicial de 2,4 millones, faltan otros 1,2 millones para pagar a los abogados de oficio, puesto que el coste total estimado asciende a 4,8 millones. Tras las protestas de los letrados y de la oposición, Guillén garantizó que habría dotación "suficiente", y el miércoles se debatirá en las Cortes una modificación presupuestaria de 934.000 euros. El resto del desfase (unos 225.000) se pretende cubrir con saldos disponibles del plan de mediación.

La principal partida de la que saldrán los recursos extra son los 500.000 euros del fondo para la ley de capitalidad que Podemos exigió como condición previa para no bloquear el debate parlamentario de los presupuestos de 2016. El proyecto de ley aún no se ha presentado, lo que hace inejecutable la partida este año.