En los últimos meses, algunos ayuntamientos aragoneses -como el de Zaragoza o el de Cuarte- han modificado sus ordenanzas municipales para obligar a los dueños de perros a proporcionar muestras del ADN de su animal.

Justifican estas iniciativas en la necesidad de proteger a los animales frente a los supuestos de abandono, robo o maltrato pero el punto que ha despertado mayor interés es que disponer del código genético de los perros permitirá también multar a los propietarios que no recojan los excrementos de sus mascotas.

El Registro de Animales de Compañía de Aragón (Riaca) es la única base de datos oficial a nivel autónomico y hasta ahora no permitía incluir información sobre el ADN de los animales. Son los colegios de veterinarios de cada provincia los que gestionan esta base de datos y un reciente convenio con la Universidad de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) permitirá a partir de ahora incorporar también al registro oficial la información genética para evitar un brote de 'bases de datos municipales'.

El convenio propone también que sea el Laboratorio de Genética Bioquímica (Lagenbio) de la Universidad de Zaragoza el que realice todos los análisis de ADN canino que requieran los distintos ayuntamientos aragoneses. Es el único laboratorio de Aragón que realiza la estandarización de los indicadores genéticos a nivel internacional y nacional y está homologado por el Gobierno de Aragón.

La FAMCP, por su parte, ha elaborado un borrador de ordenanza sobre la tenencia responsable de animales de compañía para que se inspiren en ella (o la adopten tal cual) los otros municipios de la comunidad que quieran, como Zaragoza y Cuarte, obligar a los propietarios de perros a aportar una muestra de ADN.

Desde la federación defienden que con la información genética del animal los municipios podrán atajar problemas comunes como el hurto de perros, la pérdida o abandono, la rotura o pérdida del microchip identificador y el exceso de excrementos en las calles.

Quince euros por análisis

El convenio de colaboración presentado esta semana estipula que la Universidad recibirá una contraprestación de 15 euros por cada muestra de sangre canina que tenga que analizar y 18 euros por las muestras de otros tejidos que reciba (heces, por ejemplo). Cantidad que será aportada por los colegios veterinarios o los ayuntamientos en función del origen de la muestra.

En los municipios en los que se decida adoptar esta ordenanza, los propietarios tendrán que llevar a sus perros al veterinario para que este realice la extracción. El veterinario será el encargado de hacer llegar la muestra al laboratorio pero los colegios profesionales se ofrecen a coordinar la logística para que las muestras lleguen custodiadas hasta la Universidad.

"Cuando un veterinario solicite microchips, se le dotará también de material para hacer las muestras y les ofreceremos la posibilidad de encargarnos nosotros de la recogida de muestras”, explica Javier Yus, gerente del Ilustre Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza.

El coste de la toma y gestión de muestras dependerá de cada veterinario y será el propietario el que tenga que afrontarlos.