El Consejo de Ministros aprobó ayer en Madrid acudir al Tribunal Constitucional para que decida sobre el veto a la duplicidad de carreras impuesto por el Gobierno de Aragón en su programación universitaria y reforzado en las Cortes, que aprobaron su inclusión en la ley de acompañamiento a los presupuestos. En cuanto pongan el recurso, en los próximos días, este criterio de no duplicidad quedará en suspenso.

Este hecho, unido a que ya la Audiencia Nacional lo paralizó de la programación universitaria tras admitir a trámite una denuncia de Competencia en este sentido provocará que la Universidad San Jorge pueda pedir implantar cualquier tipo de titulación, aunque ya exista en los campus de Huesca, Teruel o La Almunia.

Sin embargo, el Departamento aragonés de Universidad señaló ayer que, en cualquier caso, él es el que tiene la última palabra sobre los nuevos grados que se quieran poner en marcha en la comunidad, y que trabajará siguiendo esta misma filosofía "de defensa de los campus periféricos de la Universidad de Zaragoza". "El Ejecutivo aragonés defiende una universidad pública fuerte y descentralizada. Creemos que el modelo del PP de libre competencia llevaría a una desertización del modelo universitario y de la propia comunidad", declararon ayer fuentes del Departamento.

La DGA insiste en que la competencia en cuanto a programación, ordenamiento y regulación de estudios es "única y exclusiva de Aragón", y reitera que la idea que dirige la acción de la Consejería es "la defensa del territorio, que tampoco va en contra de la universidad privada, que por cierto nació con un gobierno socialista, y viene respaldada por un montón de mociones aprobadas por unanimidad en ayuntamientos y diputaciones".

Aunque uno de los motivos por los que el Consejo de Ministros ha decidido recurrir esta decisión del Gobierno de Lambán es que vulnera el libre mercado, Universidad defendió ayer que "no se puede comparar la apertura de un centro comercial con el sistema universitario, que debe contar con una seguridad jurídica y garantías para el propio alumno", opinaron.

De todas formas, el Departamento que dirige Pilar Alegría se mostró ayer dispuesto a hablar y "seguir trabajando de manera colaborativa con las dos universidades aragonesas". En este mismo sentido se expresó ayer el rector de la Universidad San Jorge, Carlos Pérez Caseiras, quien reconoció que siempre han encontrado disposición en la Consejería para dialogar sobre nuevas titulaciones. Sin embargo, Caseiras manifestó que esos entendimientos deben llegar "desde una premisa en las que ambas universidades aragonesas tengan su autonomía y sus derechos". En ese sentido, aplaudió la decisión del Gobierno central de llevar al Constitucional la no duplicidad de carreras, que, en su opinión, "nunca debería haberse planteado, ya que va en contra del derecho de la San Jorge a configurar una oferta propia con autonomía".

Además, recordó que el letrado de las Cortes ya avisó de la posible inconstitucionalidad de la medida, y explicó que para la USJ se trata "de una cuestión de principios, una discrepancia que vulnera nuestros derechos y contra la que nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance, pero que en cualquier caso no nos puede llevar a la confrontación"

Respecto a la posibilidad de implantar nuevos títulos, el rector de la San Jorge adelantó que tienen pensado solicitar algunos, tanto de grado como de máster, pero respetando el clima de entendimiento y colaboración con la Administración.Reunión infructuosa

Antes de que el Gobierno decida acudir al Tribunal Constitucional una medida de alguna autonomía, debe intentar llegar a un acuerdo con ella. Así se intentó en fechas pasadas, sin que se lograra un acuerdo alguno entre la Administración central y la aragonesa. De hecho, según explicó ayer la DGA, el pasado 22 de septiembre se celebró una reunión por videoconferencia entre el Estado y el Gobierno de Aragón. Tras este encuentro, hubo conversaciones posteriores para tratar de llegar a un punto medio, a pesar de que el Ejecutivo de Lambán siempre se negó a retirar el criterio de no duplicidad. Y fue el Departamento de Hacienda el que vetó el acuerdo final. En esa reunión se habló tanto la ley de presupuestos como de la ley de medidas fiscales, que fue enmendada por Podemos.