La comunidad escolar ha hablado. Lleva un año preparándolo y ya han consensuado un documento en el que todos los sectores representados en el Consejo Escolar han aportado ideas hasta configurar un pacto educativo que resumen en 41 páginas y casi 250 propuestas. Entre ellas, plantean la conveniencia de universalizar la educación entre los 0 y los 18 años, una discriminación positiva en los centros rurales, que se garanticen las becas de comedor durante todo el año o la recuperación de las condiciones del profesorado perdidas desde 2010. Son solo algunas de las medidas que, después, deberán pasar por el debate parlamentario.

El texto, que ha tardado un año en configurarse y que está previsto que se firme la semana que viene –hay algunos colectivos en duda, y se les ha dado un tiempo para poder sumarse para que haya la mayor unanimidad posible–, se enviará después a las Cortes de Aragón. Allí, los diputados estudiarán su conveniencia y lo analizarán para ver si se consigue aprobar, aunque sea con algún cambio respecto a este borrador inicial, y poder presumir así de que Aragón ha llegado a un pacto social y político por la Educación. De hecho, el propio Javier Lambán se refirió a este acuerdo en el debate sobre el Estado de la Comunidad como una de las claves de su legislatura y, a nivel nacional, Mariano Rajoy afirmó en su discurso de investidura la necesidad de alcanzar un acuerdo en el sector para todo el país.

Uno de los asuntos clave de este documento elaborado en Aragón, aunque se haya dejado para el final del texto, es la búsqueda de una estabilidad presupuestaria y legislativa para el sector. En este sentido, el documento elaborado en el Consejo Escolar pide que Aragón logre situarse en la media española en inversión para Educación al final de esta legislatura y, en la siguiente, aumentar el presupuesto para ponerse a la cabeza de las comunidades, "con el objetivo de compensar la baja inversión en los pasados años".

El pacto social por la Educación, a falta de su debate político, está dividido en cinco grandes bloques. Al económico, se unen los que hablan de calidad, equidad, participación y planificación. Entre el largo listado de deberes que se pone a la administración, destaca, por ejemplo, la petición de que cualquier política o cambio legislativo cuente "con el mayor consenso posible y con suficiente tiempo para su aplicación", en clara alusión a la actual Lomce que tanta polémica ha causado. También se piden cambios metodológicos en las aulas y la promoción de la enseñanza de más idiomas.

En cuanto a la equidad, las distintas mesas que han configurado este dosier solicitan incrementar la oferta, a ser posible gratuita, de la enseñanza desde los 0 hasta los 3 años y una distribución equitativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo, igualando la tasa entre la pública y la concertada. Precisamente de este último tipo de centros se habla también para pedir una revisión periódica que valore su coste, de manera que se garantice su gratuidad.

Otros aspectos que se consideran irrenunciables son la reducción de la tasa de interinidad al 8%, la promoción de una estabilidad en el currículo y un reequilibrio entre los periodos lectivos y de descanso de los alumnos. Además, el texto elaborado en el Consejo Escolar incide en la evaluación no solo del sistema, sino también de las infraestructuras o los sistemas de participación, a través de un centro y un sistema propios, de manera que se puedan detectar carencias y subsanar errores para el futuro.

En el resumen que encabeza el exhaustivo estudio sobre la educación aragonesa, se incide en la necesidad de garantizar el éxito académico y la atención personalizada a todo el alumnado.