El Gobierno central lleva al TC la no duplicidad de carreras en Aragón

Argumentan que impide la legítima competencia entre Universidades, vulnera la libertad de elección de los estudiantes y ataca los principios de libertad de empresa que reconocen tanto la Constitución como los tratados europeos. El Gobierno central ha tomado ya la decisión de llevar ante el Tribunal Constitucional el veto que el Ejecutivo aragonés impuso a la Universidad San Jorge para implantar nuevas carreras, si estas ya existen en alguno de los campus periféricos de la Universidad de Zaragoza.

La decisión la formalizará el Consejo de Ministros en un plazo breve, una vez que ha fracasado el intento de mediación con la DGA para suavizar los términos del veto legislativo. Hay que tener en cuenta que el Gobierno aragonés ha sido el único Ejecutivo regional que ha creado una regulación específica para intentar limitar el desarrollo formativo de las universidades privadas que tiene en su territorio.

El recurso a esta ley –aunque afecta a la educación, la DGA optó por introducirla como una disposición presupuestaria, lo que facilitó saltarse el debate específico en las Cortes– llegará apenas un mes después de la decisión del Gobierno central de elevar también ante el Tribunal Constitucional la ley aragonesa de la vivienda que abría la vía a quitar el uso de propiedades a los bancos. En ese caso, elGobierno aragonés había seguido los pasos de la Generalitat catalana y de la Junta de Andalucía. De esta manera, el nuevo gobierno de Mariano Rajoy y el de Javier Lambán van a empezar este nuevo periodo con un nivel de conflictividad relativamente elevado.

El Gobierno central ya valoró el pasado verano llevar este asunto a los tribunales, pero antes tenía que abordarlo con el Gobierno de Aragón para intentar hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, la DGA, que siempre ha defendido la legalidad de la medida, no acudió a las reuniones. Y ahora Madrid tratará de acabar con ella a través de la Justicia. En cuanto acuda al Constitucional, esta aspecto quedará inmediatamente en suspenso, por lo que la no duplicidad introducida por el Ejecutivo de Lambán quedaría sin efecto.Parte del pacto con Podemos

A pesar de la defensa férrea que el Departamento aragonés de Universidad ha hecho siempre de esta decisión que tomó, incluida en el pacto de investidura con Podemos, no es la primera vez que un organismo estatal batalla contra este criterio de no duplicidad. La Comisión de los Mercados y la Competencia ya lo recurrió ante la Audiencia Nacional, que lo admitió a trámite y está pendiente su deliberación final. Sin embargo, durante este tiempo y hasta que emita un veredicto, estableció unas cautelares que obligaban a suspender no solo este criterio, sino otros dos incluidos en la programación universitaria de la Comunidad hasta 2019. Competencia, además, apoyó esta actuación en un elaborado informe que concluía que no permitir autonomía a las universidades perjudicaba no solo a los alumnos, "sino a la sociedad aragonesa en su conjunto".

La DGA decidió vetar a la Universidad privada San Jorge (USJ) que pueda solicitar nuevas titulaciones que ya se estén impartiendo en Huesca, Teruel y La Almunia para evitar la competencia con la pública y proteger estos campus. Y lo hizo tras la polémica con la implantación de Magisterio en la USJ. El Departamento que dirige Pilar Alegría no estaba de acuerdo, pero los permisos ya estaban firmados por el Gobierno anterior, y no pudo paralizarlos. Por este motivo, decidió introducir dentro de su programación universitaria este criterio de no duplicidad, recurrido por Competencia.

Como esta programación es una orden de la Consejería, las Cortes de Aragón decidieron blindar esta medida, de manera que fuera más difícil acabar con ella, e introducirla dentro de la ley de acompañamiento a los presupuestos. De esta manera, se le daba rango de ley, y resultaba más complicado derogarla. A pesar de estos esfuerzos, el criterio de no duplicidad podría acabar desapareciendo si así lo dicta la justicia. El recurso de la Comisión Nacional de la Competencia en la Audiencia Nacional afecta a la orden autonómica y el que el Consejo de Ministros va a presentar en el Tribunal Constitucional va en contra de la ley. Por lo tanto, si ambas instancias deciden la no idoneidad de la medida, acabarían con una de las políticas más defendidas por la consejería de Universidad y por Podemos.Un conflicto que no ha empañado las relaciones entre sus protagonistas

Aunque fue la Universidad San Jorge la que pidió a Competencia que estudiara si ese criterio de no duplicidad que le imponía el Gobierno se ajustaba a derecho, las reuniones a tres bandas con el Departamento que dirige Pilar Alegría y con la Universidad de Zaragoza no han cesado, y siguen manteniéndose proyectos de investigación en los que están involucradas ambas instituciones académicas. Tanto la consejera como el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, han sido siempre taxativos sobre la no duplicidad, pero, por ejemplo, apoyaron que la San Jorge pudiera implantar Derecho, un grado que ha inaugurado este mismo curso. Como han declarado reiteradamente, la intención de introducir en la programación universitaria ese veto a la USJ se realizaba para proteger a los campus de Huesca, Teruel y La Almunia, pero Derecho no existe en ninguno de ellos.