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El PP Aragón aplicará medidas a la exalcaldesa de la Muela tras abrirse el juicio

La decisión se ha tomado después de que se haya dictado la apertura de juicio oral por delitos de prevaricación administrativa y malversación.

La alcaldesa de La Muela, Marisol Aured, en su despacho, en una foto de archivo.
La alcaldesa de La Muela, Marisol Aured, en su despacho, en una foto de archivo. Asier Alcorta
Asier Alcorta

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Aragón aplicará "de manera inmediata" medidas cautelares a la portavoz del PP en La Muela (Zaragoza), Marisol Aured, después de que un juzgado le abriera juicio oral por prevaricación administrativa y malversación.

El presidente del Comité, Antonio Suárez, ha procedido a iniciar el correspondiente expediente del que informará este jueves al órgano interno de control de los populares aragoneses, todo ello de acuerdo con lo que marcan los estatutos de la formación, han informado fuentes del PP en una nota de prensa.

Esta decisión se ha adoptado después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la Almunia de Doña Godina haya dictado apertura de juicio oral contra la también exalcaldesa de la Muela y contra el responsable de la empresa Seul Luis Miguel Bolea, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación por un contrato de servicio de basuras suscrito en 2012.

Según publica Heraldo de Aragón, que alude al auto, la que fuera alcaldesa de la Muela suscribió el acuerdo sin la competencia necesaria ya que este asunto debería haberse tratado en pleno.

Además, durante la vigencia del contrato de recogida de residuos urbanos, se han satisfecho cantidades superiores a la convenidas, según las fuentes.

El PP ha recordado que los estatutos del partido establecen la obligación de iniciar un expediente a un afiliado "en el momento en el que se produzca el señalamiento de juicio oral".

De acuerdo con el funcionamiento interno de este partido, se podrá acordar la suspensión provisional de funciones en el caso de que el Comité de Derechos y Garantías establezca que la supuesta infracción es de carácter grave o muy grave.

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