El juez que instruye el caso de las supuestas irregularidades en la empresa pública Sarga no solo investiga a los tres altos cargos despedidos por el presunto pago de dietas ilegales a uno de ellos. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza considera que también estarían implicados en la posible malversación de caudales públicos la propia compañía y el que fuera su gerente hasta el pasado mes de diciembre, Enrique Martín, que estuvo al frente de Sarga durante la legislatura del PP-PAR. Aunque no ha sido llamado a declarar, entre los supuestos responsables de los hechos el juez también incluye a Modesto Lobón, diputado autonómico del PP y consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Rudi.

El contenido del auto que emitió el magistrado Antonio Robledo contradice en parte la información aportada el jueves por el presidente aragonés, Javier Lambán, que compareció en el pleno de las Cortes a petición de Podemos para dar explicaciones sobre las irregularidades que ahora han llegado a los tribunales. Según el jefe del Ejecutivo, el juez solo había citado el 5 de octubre al que era jefe del área de servicios agrarios –que cobró desde agosto de 2014 hasta el pasado febrero 4.315 euros en gastos supuestamente ficticios en kilometraje–, al director de servicios agrarios y ganaderos, por su connivencia, y al responsable financiero de Sarga, que pagó esas dietas. En marzo, ya con el nuevo gerente, Jorge Díez Zaera, se abrió una investigación que se saldó con el despido disciplinario de los tres.

En el expediente que instruyó la empresa para depurar responsabilidades, los implicados alegaron que el anterior gerente, Enrique Martín, estaba al corriente de estos hechos. Ahora el juez también lo ha imputado, además de solicitar la comparecencia del representante legal de Sarga. Igualmente, el procedimiento abierto se dirige contra Modesto Lobón, que como consejero de Medio Ambiente, presidió el consejo de administración de la sociedad pública aragonesa entre 2011 y 2015. Pese a ello, Lambán insistió en el Parlamento autonómico en que "en ningún momento" el juzgado había llamado a Sarga.

"La situación procesal no es la de investigado", agregó. Y aprovechó para anunciar que la DGA se personaría en la causa, aunque a la espera de cómo evoluciona la investigación, no se ha decidido si lo hará como perjudicada o como acusación.

Modesto Lobón confirmó ayer que ni el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que elaboró el informe enviado al juez a raíz de una denuncia de CC. OO., ni el magistrado le han interrogado. El portavoz del PP en las Cortes, Roberto Bermúdez de Castro, afirmó que no tienen "miedo" a que se auditen las cuentas y las contrataciones. Sobre estas, según Lambán, la Policía evidenció la "intensa influencia política en la adscripción de numerosos puestos de trabajo".