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Gimeno asegura que la ley de función pública no está condicionada por el pago de la extra

El consejero ha reconocido que su preocupación es cómo financiar las medidas que la norma incluirá.

Pleno en las Cortes de Aragón
Pleno en las Cortes de Aragón
José Miguel Marco

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha rechazado tajantemente que la negociación de la ley de la función pública con los sindicatos esté condicionada o relacionada con el abono de la paga extra pendiente a los funcionarios.

Así lo ha insinuado la diputada del PAR Elena Allué en el transcurso de la interpelación que ésta le ha formulado al consejero en el Pleno de las Cortes.

Allué se ha interesado por los plazos y los términos en los que llegará a las Cortes el proyecto de ley de la función pública que el presidente de Aragón, Javier Lambán, se comprometió a presentar en los seis primeros meses de la legislatura, y ya han pasado quince.

El consejero ha insistido en que la voluntad es traer la ley pronto, pero también hacerlo "con el máximo consenso" con los sindicatos, con quienes el gobierno está inmerso en una negociación colectiva.

"Con acuerdo o sin él" llegará pronto la ley tras una "participación activa" de los implicados y después de haber conocido todas las alegaciones presentadas. Una ley, ha agregado Gimeno, basada en el "buen trabajo" que hizo el gobierno anterior.

Lo que sí ha asegurado es que la ley no está en ningún caso condicionada por las cantidades pendientes de abonar de la paga extra de 2012, que eliminó el gobierno nacional del PP con motivo de la crisis y que los tribunales obligaron a devolver.

Gimeno ha explicado, además que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda comunicó que no autorizaría a Aragón el Fondo de Liquidez Autonómica si la comunidad pagaba la extra pendiente a sus trabajadores.

Si esta "limitación" no existiera, ha asegurado, ya estaría "seguro" pagado "si no el cien por cien, al menos otro 25 %".

El consejero ha lamentado, no obstante, que la obligación de conseguir la estabilidad presupuestaria introduce dificultades en la gestión de la función pública que pretende reformar la ley, y ha reconocido que su preocupación es cómo financiar las medidas que la norma incluirá.

Respecto a su contenido concreto, ha explicado que la reforma deberá tener muy en cuenta la culminación de la administración electrónica, los nuevos sistemas de clasificación que hay que "homogeneizar", la "obvia y evidente" despolitización" de la función pública, la necesaria excepcionalidad de los puestos de libre designación o la regulación de las categorías en función de mérito y capacidad y no de la antigüedad.

Elena Allué, por su parte, ha recordado que esta reforma es reclamada por los ciudadanos "desde hace años" y nunca un gobierno la ha afrontado "de verdad", aunque afecte a 52.000 empleados públicos de la comunidad.

Empleados que se enfrentan a una situación difícil, según ha relatado, por la disminución del personal (10.000 desde que comenzó la crisis), por la excesiva interinidad, por una tasa de reposición muy baja y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con los sindicatos.

Y la ley sigue "sin asomarse" y eso genera que el personal público esté "cabreado".

A este respecto, Gimeno ha recordado que esta situación se debe a decisiones adoptadas por el gobierno central y a "ajustes" como la congelación de las plantillas al no reponer las jubilaciones.

Según los datos proporcionados por Allué, de los 52.000 empleados públicos, con una edad media de 47 años, el 58 por ciento son fijos y el 41 % temporales; el 73 % son mujeres; el 68 % trabaja en Zaragoza; el 81 % es personal de los departamentos de Educación (68 %) o Sanidad (46 %), y el 88 % trabaja a jornada completa.

La diputada ha pedido una "reforma valiente" para gestionar todo este volumen de personal y sacarle "más provecho" a esta "enorme capacidad humana".

El objetivo, ha relatado, es conseguir una administración responsable social y medioambientalmente; eficaz y eficiente con los recursos disponibles; reconocida por la excelencia en la gestión; que utilice las nuevas tecnologías en sus relaciones con los ciudadanos, y que reconozca la vocación de servicio público de sus empleados y evalúe su desempeño profesional.

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