El Gobierno no contesta y deja sin resolver decenas de asuntos de Aragón

El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy lleva más de 10 meses sin someterse al control parlamentario que el Congreso de los Diputados tiene atribuido en la Constitución. El Ejecutivo comunicó su negativa oficial el pasado mes de marzo. Alegaba que el Gobierno no contaba con la confianza de la actual Cámara y que de producirse ese control de su actividad política, se llegaría a incurrir en un fraude de ley.

Esto sucedió en la pasada legislatura y en la actual, que comenzó a mediados del pasado julio, las cosas no han cambiado nada. O sí, y para mal. Porque en el Congreso se están acumulando cientos de preguntas y otras peticiones de información al Ejecutivo (por ejemplo, el envío de informes sobre cuestiones diversas) sobre la actividad gubernamental que no están hallando ninguna respuesta. Entre estas iniciativas se encuentran decenas relacionadas con Aragón.

En las últimas semanas, por ejemplo, se han registrado en la Cámara Baja cerca de una treintena de cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas por la DGT al Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza. También una pregunta sobre la investigación abierta por la Jefatura Superior de Aragón de la actuación de los policías nacionales que atendieron a la mujer que fue tiroteada por su exmarido en los alrededores de Aragonia. Además, se ha preguntado al Gobierno por cuestiones relacionadas con el cierre de empresas municipales deficitarias, con actuaciones llevadas a cabo en la zona del Canal de Aragón y también por la incidencia de los nuevos objetivos de déficit en Aragón y por las pymes creadas en la Comunidad en los últimos años. Ninguna de estas preguntas ha sido contestada.

Pendientes de la decisión del Constitucional

En la misma comunicación oficial en la que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes le dijo al entonces presidente del Congreso, Patxi López, que la inexistencia de confianza hacía que contestaciones y comparecencias de los miembros del Ejecutivo fueran imposibles, le "recordó" que podía acudir a los tribunales si no estaba conforme. Y así lo hizo. Se presentó un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) para que este resolviera quién tenía la razón.

No se trata de un recurso cualquiera: adquiere el nombre de conflicto entre órganos constitucionales y este es el tercero que se presenta desde 1980, fecha de creación del TC. Fuentes jurídicas explican que respecto a este asunto se han cumplido todos los plazos estipulados por la ley orgánica del Tribunal Constitucional y que el ponente encargado de este recurso, el magistrado Santiago Martínez-Vares, natural de Santander y licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, ya tiene toda la información necesaria sobre el asunto para comenzar su estudio de cara a la ponencia que debe elaborar.

Intenso debate doctrinal

Estas mismas fuentes reconocen que se trata de un recurso complicado, no en vano, ha generado un arduo debate doctrinal. "La ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento no puede llevar a una irresponsabilidad de ese Gobierno. Es más, el gobierno en funciones tiene señalada por ley una muy limitada actividad, ceñida al 'despacho ordinario de asuntos”', salvo casos excepcionales por urgencia o interés general", valora Eva Sáenz, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza. "Precisamente esa limitada actividad justifica que el Parlamento controle que así sea y el gobierno en funciones se someta a este control", añade.

La profesora abunda en su razonamiento explicando que el Gobierno en funciones actual mantiene las actividades con la Unión Europea y el Parlamento ha de tener el control sobre lo que hace. "Incluso, diría, en mayor medida que un gobierno ordinario. Precisamente porque está en funciones y tiene una capacidad limitada", apunta.

Saénz sostiene que "en circunstancias normales" con un Gobierno en funciones en un periodo de uno o dos meses "puede no tener sentido el control parlamentario", pero indica que si pero si la situación se prolonga, como es el caso, "ese control del Parlamento es imprescindible".

Los diputados opinan

En el análisis de la profesora Sáenz coincide Pedro Arrojo, diputado por Zaragoza de Unidos Podemos, que opina que el Gobierno se está amparando en "triquiñuelas legalistas" para una cuestión en la que no debería caber ninguna excusa ni tampoco debate. "El único órgano que no está en funciones es el Congreso, cuyos diputados representan al pueblo. El Gobierno debería someterse a su control", apunta Arrojo. El parlamentario explica que él mismo está sufriendo la ausencia de respuestas del Gobierno, pues ha solicitado la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para que dé explicaciones y facilite información del caso Acuamed, algo que por supuesto no ha sucedido. Según Arrojo, esta información podría ser de vital importancia para Aragón porque la empresa Acues, que gestiona el agua de Zaragoza y varios municipios de alrededor, "es una hermana gemela de Acuamed" y sería interesante conocer si ha tenido alguna relación con la trama corrupta.

El diputado considera que esta situación debería servir como experiencia para regular, en el futuro y cuando haya Ejecutivo, todo lo relativo al Gobierno en funciones, para que no queden lagunas jurídicas en las ampararse.

Todo parece indicar que la situación actual se mantendrá porque el Tribunal Constitucional está tardando en torno a un año en resolver los recursos. Solo en caso de formarse Gobierno o de haber terceras elecciones, el asunto se resolvería, eso sí, por la vía de los hechos.