Las Cortes censuran que la DGA no envió a a la Cámara información sobre los presupuestos

Los servicios jurídicos del Parlamento aragonés han emitido un informe, que ha aprobado la Mesa de las Cortes, en el que se asegura que la Cámara no recibió información del gobierno acerca de varias enmiendas que no fueron incorporadas a la ley de presupuestos por existir problemas técnicos o errores.

En el informe, elaborado a petición del PP y que firma la letrada mayor, Carmen Agüeras, se recuerda que los presupuestos fueron aprobados el 28 de enero de 2016 y que a mediados de febrero se recibieron -e incorporaron- a la ley dos correcciones de errores.

A principios de mayo, Podemos formuló una queja al comprobar que varias enmiendas aprobadas a la ley no constaban en el documento

"Estado de ingresos y gastos", que elabora el ejecutivo y que no se publica en el BOA, y los servicios jurídicos de la Cámara elaboraron un primer informe en el que se detectaron catorce enmiendas que no estaban "adecuadamente" incorporadas a este documento.

Se requirió entonces, con fecha 9 de junio, al Gobierno de Aragón información al respecto, y éste, el 8 de septiembre, remitió otro informe, del 24 junio, en el que aducía problemas técnicos para no poder incorporar, definitivamente, nueve enmiendas al texto.

Entre las iniciativas de control que pusieron en marcha los grupos, el PP solicitó a los servicios jurídicos la elaboración del informe que hoy se ha elevado a la Mesa de las Cortes.

En él se considera que los errores materiales o aritméticos que se pueden producir en la tramitación del presupuesto "deben de corregirse dentro del procedimiento parlamentario, antes de su aprobación final por el pleno, en cualquiera de sus fases".

Y una vez aprobados, la mera corrección de errores es posible en cuanto se detecta.

Pero si los errores "van más allá", se agrega en el documento, el gobierno debería "dar traslado" de estos problemas a la Cámara "para arbitrar los mecanismos oportunos para repararlos".

Y es que "desde las Cortes no puede detectarse que una enmienda aprobada en ponencia, con en principio aquiescencia política y técnica, resulta inviable", entre otras cosas porque la Cámara no dispone del documento del estado de ingresos y gastos donde estas enmiendas se incorporan.

Por eso, se pone de manifiesto que el problema es la "falta de información del gobierno a las Cortes".

Además, como conclusiones, se asegura que la decisión de no incorporar determinadas enmiendas, como finalmente ha sucedido con ocho, "no es adecuada" desde el punto de vista de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, entre otras cosas porque esta situación genera "frustración política" en el grupo proponente de las enmiendas no incluidas.

En el caso de que técnicamente no fuera viable, los servicios jurídicos proponen la instrumentalización de un procedimiento alternativo, como por ejemplo un acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces, que supla la limitación de modificar parlamentariamente una ley de presupuestos.

También estiman que, en el futuro, sería adecuada la publicación, junto con la ley de presupuestos, del estado de ingresos y gastos, o bien que éste se remita a la Cámara para realizar un control "efectivo y eficiente" sobre el mismo.

Concluye el informe que el problema actual con las enmiendas se debe a que el Parlamento "desconoció la situación en tiempo y forma".