El estudio jurídico sobre la creación de un instituto de crédito detecta serios inconvenientes

El director general de Economía del Gobierno de Aragón ha comparecido a petición del PP para informar sobre el estudio de creación del instituto.

El informe del estudio jurídico sobre la creación de un Instituto de Crédito y Financiación Autonómica (ICYFA) para inyectar liquidez a bajo tipo de interés a autónomos y empresas detecta serios inconvenientes para ponerlo en marcha, al menos en los términos planteados inicialmente, porque, entre otras cuestiones, aumentaría el volumen de deuda de la Comunidad.


Así lo ha afirmado el director general de Economía del Gobierno de Aragón, Luis Fernando Lanaspa, en la Comisión de Economía, Industria y Turismo en las Cortes de Aragón, donde ha comparecido a petición del Partido Popular, para informar sobre el estudio jurídico para la creación de un instituto de crédito.


El pleno de las Cortes de Aragón aprobó en octubre de 2015 una iniciativa presentada por Podemos, que instaba a la creación de un Instituto de Crédito y Financiación Autonómico para reactivar el tejido empresarial, canalizando los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los del Banco Europeo de Inversión (BEI) directamente con las pequeñas y medianas empresas, sin la intermediación de las entidades financieras.


La iniciativa planteaba también la agrupación en el instituto de las herramientas del Gobierno de Aragón existentes para facilitar la financiación a las empresas.


El informe jurídico realizado por la Corporación Empresarial Pública de Aragón para analizar la conveniencia de este organismo detecta "serios problemas" e "inconvenientes" para su puesta en marcha que "limita la posibilidad de seguir hacia adelante" o, al menos, en los términos planteados inicialmente, ha explicado Lanaspa, quien ha pasado a enumerar esos inconvenientes.


Uno de ellos es que el nivel de endeudamiento de este instituto computaría dentro de la deuda de la Comunidad Autónoma y afectaría a la consecución del objetivo de déficit.


"Si llegáramos a conveniar con el ICO y el BEI, el Gobierno de Aragón debería presentar garantías", ha apuntado.


No obstante, ha añadido que antes habría que salvar otro inconveniente, ya que el ICO no contempla aportaciones de fondos a entidades dependientes de la Administración Pública, como sería este organismo.

Por último, Lanaspa, quien ha aclarado que, pese a estos problemas no renuncian a hacer otro planteamiento del instituto, ha señalado que, aunque las empresas siguen teniendo dificultades, los tipos de interés se han reducido y actualmente hay más facilidad para acceder a los créditos.

"Quizá la financiación ha dejado de ser el principal problema para el tejido empresarial aragonés", ha dicho.

Por otro lado, sobre la actividad de Sodiar y Avalia, ha explicado que desde el Gobierno de Aragón están difundiendo estas herramientas, que hasta ahora no eran "especialmente conocidas".


El diputado del PP Ricardo Oliván ha recibido bien esta explicación del director general porque considera que, aunque la financiación es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas, sostiene que ya existen en Aragón herramientas para facilitarla, como Sodiac, Avalia o el Fondo Aragón Invierte, que "habría que impulsar y reforzar".


El diputado de Podemos Román Sierra, quien defendió la iniciativa cuando se aprobó hace un año en el parlamento aragonés, ha hecho una defensa de la banca pública regional, que es "positiva para el tejido productivo donde existe", y ha apuntado que sólo falta "voluntad política" para que sea una realidad".


Ha recordado que el Banco Mundial ha hablado del papel positivo que han jugado estos bancos públicos en la crisis para mantener el flujo del crédito y ha preguntado al director general por qué en Valencia o en Cataluña se puede hacer y en Aragón no.


El diputado de Ciudadanos (C's) Javier Martínez ha afirmado que no hacía falta gastar dinero en hacer un informe, porque esos motivos ya se conocían de "antemano" y ya se manifestaron en el debate en el que se aprobó la iniciativa, al tiempo que ha pedido que dejen las "ambigüedades" y digan claramente si "sí o no" a la creación del instituto.


La diputada del Grupo Mixto Patricia Luquin (IU) ha defendido que existen otros modelos, como una banca pública vinculada a la ética y a la transparencia, para abordar los problemas de crédito de las empresas, un instrumento que es, a su juicio, "necesario" y "posible" para "no repetir los mismos errores". "Bien merece la pena que ustedes sean un poquito más valientes".


Por su parte, el PAR apoya la creación del instituto siempre que actúe como un organismo que aglutine las herramientas de financiación para apoyar a las pymes, pero, en ningún caso, para actuar como una banca pública, ha explicado el diputado aragonesista Herrero.

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