El precio del alquiler sube en Zaragoza tras años estancado

Los cambios de hábitos y el consiguiente aumento de la demanda ha hecho que los precios hayan aumentado un 10% en solo un año.

Foto de archivo de Zaragoza.
La mayoría de los desahucios en Aragón se deben a impagos en el alquiler
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La mentalidad -o necesidad- de alquilar antes que comprar un piso parece imponerse en cada vez más familias aragonesas. Y el mercado está tomando nota de ello. Los precios de los alquileres en las tres capitales de provincia, y en Zaragoza en particular, han aumentado considerablemente a lo largo del último año.


Según los precios del portal Idealista.com , una de las principales webs de alquiler de vivienda, el precio del metro cuadrado en la capital aragonesa ha aumentado cerca de un 10% en el último año, hasta situarse en los 6,9 euros el metro cuadrado (unos 690 euros por un piso de 100 metros, como ejemplo). Hace solo dos años, el precio de un piso idéntico en Zaragoza podía encontrarse de media por 620 euros. Similar, aunque algo más tenue, es la evolución que ha tenido el alquiler en Huesca (de 5,9 a 6,10 el metro cuadrado), o Teruel (de 4,2 a 4,7).


Los precios del alquiler de vivienda llevaban varios años a la baja desde el comienzo de la crisis hasta el reciente repunte. Su aumento es llamativo sobre todo si se compara con la tendencia de la vivienda en propiedad, que en el caso de los precios de los inmuebles de segunda mano han caído un 5% en el último año, mientras que en la obra nueva los precios siguen estancados en Aragón.


Según los datos del INE, cerca de 25.000 hogares, ya sean familias o parejas sin hijos, han pasado a vivir de alquiler en los últimos tres años. Ahora bien, ¿se debe este aumento de la demanda y de los precios a un cambio de mentalidad o a una situación provocada por la crisis?


“En la actualidad el problema que hay es que hay un exceso de demanda y menos oferta”, señala Pilar Moro, representante de Centro de Alquiler de Particulares, una empresa que lleva más de 15 años centralizando el arrendamiento de viviendas entre propietarios e inquilinos en Zaragoza.


En su opinión, es cierto que el alquiler se ha abierto a más colectivos que hace unos años, pero en esto tiene más peso la necesidad que un posible cambio de hábitos. “Hasta hace poco más de una década el foco principal de los alquileres eran estudiantes, interinos, y otros trabajadores de paso. Hoy el perfil ha cambiado, sobre todo en las parejas jóvenes que buscan un alquiler para emanciparse cuando antes en muchos casos quizá se accedía ya a la compra de una vivienda”, señala.


Una prueba de esto, según cuenta Moro, es que los alquileres de larga duración no están extendidos. “La inestabilidad hace que tanto los contratos como el periodo de los alquileres no se hayan alargado. Es posible que ahora haya más gente que prefiera vivir de alquiler, pero no hemos percibido que las duraciones de las estancias sean más largas”, dice.Los desahucios por alquiler, más numerosos que por hipoteca


Porque la otra cara de que tantas familias hayan pasado a vivir de alquiler en cuestión de pocos años es la cantidad de familias que han abandonado una primera vivienda por impagos de la hipoteca. Desde hace ya dos años, colectivos como Stop Desahucios o la PAH han certificado que la mayoría de conflictos que atienden se deben a problemas con el pago del alquiler.


Ante esta problemática -y el déficit de vivienda social en general- la DGA aprobó el pasado invierno el Decreto de medidas urgentes en materia de pobreza energética y acceso a la vivienda, que preveía hacer uso de viviendas vacías en posesión de los bancos para aumentar el número de pisos en alquiler social.


Con esta nueva norma ya aprobada, la DGA seleccionó 2.014 inmuebles aptos para ser ofrecidos como alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad. Una opción que sin embargo ha quedado suspendida de forma cautelar después de que el Tribunal Constitucional admitiera esta semana a trámite un recurso del Gobierno Central al considerar que varios de sus artículos (entre los que se encuentran el uso de viviendas de entidades bancarias, o suspender los lanzamientos hasta que se encuentre otra posibilidad habitacional para los afectados), invadían competencias exclusivas del Estado.

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