Gimeno bloquea otros 17 millones del presupuesto para intentar cuadrar el déficit

El Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón cerró el presupuesto de este año el 22 de agosto con la pretensión de ahorrar entre 30 y 40 millones y "aproximarse" así lo máximo posible al déficit máximo autorizado –fijado en el 0,7% del PIB–. Pero a esta medida ya se ha sumado otra con el mismo fin y que supone el bloqueo de otros 17,3 millones de euros procedentes de áreas dedicadas a las políticas sociales y de empleo. Casi dos tercios de la cuantía retenida, 10,9 millones, corresponden a inversiones, ya de por sí escasas en las cuentas.

La orden firmada el 31 de agosto por el consejero, Fernando Gimeno, es la tercera de este tipo en lo que va de año. En ella, tras recordar el prematuro cierre del presupuesto, justifica que las "consecuencias desfavorables" que podría sufrir la Comunidad en caso de incumplir los objetivos de estabilidad marcados por Europa y por el Ministerio de Hacienda "hacen necesaria la adopción de nuevas medidas que permitan atender a esta finalidad".

Para lograrlo, ha decidido retener un total de 17.371.815,38 euros de gastos correspondientes a los capítulos IV (transferencias corrientes), VI (inversiones reales) y VII (transferencias de capital), tanto de la Administración general de la Comunidad como de organismos y otras entidades.

La mayor partida que se queda en suspenso corresponde a inversiones de los propios departamentos de la DGA, que no podrán disponer de 7,1 millones presupuestados en su día. Pero el recorte más importante en un área específica es la que sufre el Inaem, que se queda con 5,4 millones menos. Según explicaron fuentes del Departamento de Hacienda, la mayor parte de este dinero procedía de aportaciones estatales que sumaban 19 millones y que elevaban en 7 las previsiones iniciales del Gobierno PSOE-CHA, debido, afirmaron, a la "evaluación positiva de la calidad de los programas ejecutados". Con estos argumentos, aseguraron que las actuaciones previstas en materia de empleo "se mantienen, incluso con un incremento en su dotación".

Otra de las cuantías más abultadas que han quedado bloqueadas en virtud de la última orden dictada por Gimeno es la que afecta a 2,8 millones del Salud. Fuentes del Departamento de Sanidad detallaron que el grueso de esos fondos corresponden a la partida destinada a iniciar este año las obras del hospital de Alcañiz, que finalmente no comenzarán hasta 2017 –se licitaron la semana pasada–.

Además, se dejan sin efecto partidas que oscilan entre los 2.000 y los 375.000 euros de otros organismos públicos dependientes de los departamentos de Derechos Sociales, Desarrollo Rural e Innovación y Universidad. Se trata del IASS, los institutos de la Mujer, la Juventud, el de Ciencias de la Salud y el del Agua, así como del Inaga, el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria) y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria.

Desde Hacienda señalaron que la mayoría de los fondos ahora bloqueados correspondían a obras y equipamientos, y subrayaron que la incidencia de estas retenciones en los compromisos presupuestarios adquiridos por el Ejecutivo de Javier Lambán y en las prioridades sociales que marcan su gestión es "mínima". Ese escaso impacto, según las mismas fuentes, se debe a que este dinero procede de inejecuciones y bajadas de precios en adjudicaciones o contratos públicos.

Esta orden se suma a las dos que ya firmó Gimeno para retener parte del presupuesto. Nada más aprobarlo, en febrero, decretó la no disponibilidad de 56,5 millones, y en abril hizo lo propio con otros 21,2 y 15,8 más de gastos financieros. Tanto la de abril como la de agosto forman parte del compromiso adquirido con el Gobierno central dentro del plan de ajuste por haber incumplido el objetivo de déficit de 2015. En los siete primeros meses de este año, se situó en el 0,32% y la DGA no descarta nuevas retenciones en función de cómo evolucione el desfase.