Desde hace un tiempo, en un lugar destacado de la web del Defensor del Pueblo aparece un mapa interactivo en el que se relacionan todas las administraciones públicas que no han contestado algún requerimiento de información realizado por el Alto Comisionado de las Cortes Generales. Se trata de 49 entidades que han ignorado hasta tres peticiones de información. En la mayoría de los casos se trata de ayuntamientos y, entre ellos, figuran dos aragoneses.

Se trata de Alagón (7.014 habitantes, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística) y Barbastro (17.020). El Defensor del Pueblo lleva más de cuatro meses esperando una respuesta suya: en el caso del consistorio zaragozano la demora alcanza los 136 días de duración, mientras que en el caso oscense se sitúa en 141 días (de acuerdo con una consulta realizada el pasado jueves). En su web, el Alto Comisionado de las Cortes Generales no duda en calificar a estas administraciones como "entorpecedoras" de su labor.

Según han informado fuentes del Defensor del Pueblo, la inclusión de las administraciones en este listado de incumplidoras se realiza cuando se les ha enviado tres requerimientos sobre el mismo particular y no han obtenido respuesta en ningún caso. Las mismas fuentes han explicado que al tratarse de expedientes en curso no pueden facilitar detalles de los procedimientos que están evitando contestar los dos ayuntamientos aragoneses. Tan solo indican el motivo que ha originado la consulta: en el caso del Consistorio oscense se trata de un procedimiento sancionador mientras que en el caso de Alagón es una cuestión relacionada con la comunidad de usuarios y regantes de aguas públicas.

El Defensor del Pueblo espera, paciente, la respuesta de las administraciones a las que ha solicitado información. Si en esta espera llegara a desesperar, el Alto Comisionado de las Cortes tiene la opción de llevar el caso ante la Fiscalía del Estado, lo que podría acabar en un proceso judicial. Hay que resaltar que el Defensor, cargo que actualmente ocupa Soledad Becerril, está regulado en la Constitución Española, de la que recibe la misión de velar por los derechos y libertades de todos los españoles.

¿Cuánto tardan las entidades públicas en responder?

Su papel en el Estado de Derecho, pues, no es baladí, aunque hoy muchas administraciones públicas le resten valor, tardando en contestar sus requerimientos o, directamente, ignorándolos. El tiempo de respuesta varía mucho dependiendo de la administración de que se trate (entidades locales, ministerios, universidades, etc.) y las provincias. Los más 'tardones' son los ayuntamientos, en concreto los que peor marca tienen son los sorianos y los conquenses, con medias de 217 y 172 días, respectivamente. Según los datos que maneja el propio Defensor, los consistorios aragoneses mejoran (y mucho) la media de estas dos provincias. Es Huesca la que tiene peor registro, con 84,29 días, y Teruel, la mejor, con 59. Zaragoza se sitúa a medio camino entre las dos, con una marca de 69,78 días este año.

La administración autonómica aragonesa es la que peores estadísticas presenta: este año está tardando 88,52 días en dar respuesta. Por su parte, la Universidad de Zaragoza se lleva el premio a la respuesta más rápida: solo 11 días en este 2016. 

La institución también facilita el tiempo que ella misma tarda en dar una respuesta al ciudadano que le pide ayuda. Es un registro que también ha experimentado notable mejoría en los últimos años: mientras que en 2013 se tardaban unos dos meses (62,35 días) de media en dar la primera respuesta al ciudadano informándole de la admisión, no admisión o petición de dato concreto, este año la media se sitúa en menos de un mes (26,97 días).