Ante las dudas que suscita la prueba que se hará a final de curso en 2º de bachillerato, y cómo se realizará el posterior acceso a la Universidad, el director general de Planificación Educativa y FP, Ricardo Almalé, dijo ayer en las Cortes que, ocurra lo que ocurra, el temario va a ser el mismo que se impartió el año pasado. Esa es la máxima del Departamento, que espera que no se lleve a cabo todo lo que recoge el real decreto, que incluye una asignatura de 1º de bachillerato (Filosofía) en ese control de final de ciclo.

A una pregunta de Podemos en la comisión de Educación, Almalé respondió que es el Gobierno central el que debe ponerlo y las Comunidades autónomas, las que tienen la competencia de llevarlo a cabo. Sin embargo, se quejó de que aún no se conozca el borrador de la orden ministerial que debe explicar cómo serán las nuevas pruebas, por lo que resulta "bastante complicado abordarlo", dijo.

En este sentido, Almalé volvió a reiterar el compromiso de la DGA, como ya hizo en su reunión la pasada semana con el rectorado de la Universidad de Zaragoza, de "minimizar el impacto del real decreto". Además, recordó que en la reciente reunión de todas las autonomías sobre este asunto, hubo casi unanimidad para pedir al Ministerio la prórroga de la selectividad o, en su defecto, que el nuevo sistema sea lo más parecido posible a la hasta ahora prueba de acceso a la Universidad. Además, destacó que sea Castilla y León, gobernada por el PP, la que vaya a ser la portavoz de todas las comunidades para pedir a Madrid que se prorrogue la selectividad.

Precisamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Aragón se abordó este asunto. El consejero Vicente Guillén explicó que el Gobierno de Aragón ha solicitado la convocatoria "urgente y extraordinaria" de la Comisión General de las Comunidades del Senado para valorar la implantación de la Lomce y suspender las reválidas a final de ESO y bachillerato, las dos pruebas que deben ponerse en marcha este año según la ley.

La DGA basa esta petición en que estas pruebas acabarían con el distrito único y, por tanto, la nota de aquellos que la aprobaran en una Comunidad no valdría para universidades ubicadas en otra. Este punto ha sido criticado por las propias universidades públicas, que emitieron un comunicado hace unas semanas rogando que se mantenga ese sistema para no obligar a cada centro universitario a hacer nuevas pruebas, un objetivo que también aprobaron de forma unánime los directores generales de Universidad, reunidos en Valladolid la semana pasada para acordar una posición conjunta sobre este particular.