Un olvido retrasará un poco más la vista por el caso Plaza

El juez instructor no pidió a la Seguridad Social que valorara la defraudación de un acusado, lo que ha corregido la Audiencia.

El juez que instruyó el llamado caso Plaza, José Ignacio Martínez, dictó a finales de marzo el auto de apertura de juicio oral, pero la vista que sentará en el banquillo a 25 acusados por un presunto fraude de 140 millones de euros tardará todavía bastantes meses en celebrarse. Porque la Audiencia de Zaragoza acaba de resolver y desestimar once de los doce recursos presentados por las partes. Sin embargo, ha decidido atender la petición de una de las defensas para que se subsane un olvido del instructor.En concreto, el ofrecimiento de acciones a la Seguridad Social para que valore la cantidad que pudo defraudar uno de los encausados. Trámite que retrasará un poco más la celebración del juicio por el caso más importante de corrupción instruido hasta la fecha en Aragón.


Como indica en su auto la Audiencia, resulta pertinente pedir a la Seguridad Social que cuantifique el perjuicio que pudo causarle Francisco Javier B.E., asesor fiscal de la sociedad Pulsar, de la que eran accionistas las hijas del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril. Lo es, dice, porque el delito que se le atribuye –como cooperador necesario– contempla penas de seis meses a tres años de cárcel. Y para imponer una condena, en caso de que los hechos queden probados en el juicio, el tribunal necesita saber a cuánto asciende el daño causado a las arcas públicas.


El abogado de este acusado planteaba también la apertura de una pieza separada para dirimir estos hechos, petición que ha sido desestimada por la Audiencia Provincial.


Una vez resuelto el ‘olvido’, como el juicio será con tribunal profesional, la Audiencia tendrá que repartir el asunto y decidir qué Sala de lo Penal se encarga de juzgarlo. En cualquier caso, la macrovista –que podría extenderse varios meses– no se celebraría hasta el año que viene.


Todas las acusaciones colocan a García Becerril al frente de una trama que valiéndose de sospechosas "maniobras" alteró la adjudicación y contratación de las obras de urbanización de Plaza hasta disparar su coste en 140 millones de euros.

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